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Hace ya casi una semana el juez Alcides Corbeta sentenció al comando de las Fuerzas Militares a entregar la foja de servicio del Gral. Luis Gonzaga Garcete. El magistrado tomó esta determinación en base a un amparo que había sido presentado por la periodista de ABC Color Mabel Rehnfeldt, luego de que un pedido de acceso a la información pública fuera denegado.
La solicitud de acceso a la información pública, formulada por la accionante el 31 de agosto pasado a través del Portal Unificado de Acceso a la Información, identificada como solicitud Nº 2.506, tropezó con la tenaz negativa del general Gonzaga Garcete. El jefe militar alegó que su decisión está basada en disposiciones de la Ley 1.115/97, del Estatuto del Personal Militar, y de la Ley 5.241/14, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Según su criterio, de conformidad con ambas legislaciones, la información que hace a su currículum es de carácter reservado.
Ante tal situación, la periodista Mabel Rehnfeldt presentó un amparo contra el Comando Militar. La presentación, radicada por el abogado Ezequiel Santagada, solicita dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 5.282/2014, de Acceso a la Información Pública El magistrado argumentó que se trata de una postura desacertada, pues el artículo 28 de la Constitución Nacional (ver cuadro) reconoce como derecho fundamental del ciudadano recibir información pública y el Estado está obligado a suministrarla.
Asimismo, resalta que la foja de servicio no puede ser considerada información reservada y que la legislación invocada por el militar nada dice al respecto. La sentencia debía ser cumplida de inmediato por el comando de las Fuerzas Militares. Si bien existe un período de 48 horas para presentar una apelación, la presentación de la misma no dilata el cumplimiento de la sentencia.
Ya el jueves de la semana pasada, Mario Elizeche, uno de los abogados de Gonzaga Garcete, había asegurado que entregarían la información solicitada. Sin embargo, las dilaciones continuaron y hasta pretendieron censurar a la prensa. El lunes, a pesar de la promesa de cumplir con la sentencia, Garcete presentó un pedido de aclaración ante Corbeta y con el cual pretendía poner condicionantes a la entrega de información pública solicitada.
El abogado del jefe militar, Víctor Galeano Perrone, hombre cercano al presidente de la República, Horacio Cartes, presentó un pedido de aclaratoria al juzgado y aseguró que darían los datos sobre la foja de servicio de Garcete requeridos mediante la ley de acceso a la información, pero pidió que el juez disponga que esos datos no se den a publicidad. Se declaró celoso observador del fallo judicial, pero se negó a cumplir lo que manda la ley.
En un mensaje claro al juez Alcides Corbeta, Galeano Perrone insinuaba que si las cosas no se hacen como las plantea se incurriría en “arbitrariedades, favoritismo o parcialidad manifiesta o encubierta”. Ergo, se trata de una solapada amenaza de llevarlo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En su escrito, Galeano Perrone se convertía en el nuevo censurador de los medios de prensa del país, en el cuasipropietario de lo que debe publicarse, violando claros artículos constitucionales sobre la libertad de prensa. A pesar de todo esto, Corbeta decidió rechazar el recurso de aclaratoria planteado por la defensa de Garcete y ratificó que Garcete debía entregar la información.
Este miércoles, a un día de cumplirse una semana de la sentencia, los representantes legales de Garcete volvieron a asegurar que se entregaría la información, aunque hablaron de que existía un plazo de 48 horas, presentando una visión forzada de la cuestión cuando la entrega debería haber sido inmediata. A pesar de esa promesa, la sentencia aún no fue cumplida.
El abogado Ezequiel Santagada confirmó desde tribunales que en el expediente aún no se había anexado la respuesta con la información solicitada. Tampoco figuraba la información solicitada en el portal de Acceso a la Información Pública a través del cual se había realizado la solicitud. Allí, el último documento existente era la respuesta negativa por parte del Comando de las Fuerzas Militares.
El artículo 28 de la ley de Acceso a la Información Pública establece que las respuestas a las solicitudes deberán ser colgadas en el sitio web a través del cual se realizó la solicitud. Es decir, Garcete sigue irrespetando el derecho de Acceso a la Información garantizado en la Constitución Nacional y reglamentado en una ley, además de ignorar lo dispuesto por un juez.
Los mismos representantes legales de Garcete que pretendían evitar la publicación de la foja de servicio decidieron entregar a periodistas de Radio La Unión (800 AM) para que estos difundieran la información, pero no cumplieron con la entrega a quienes la habían solicitado y a través de los mecanismos establecidos por la ley.