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Un mundo todavía devastado por la crueldad de la Segunda Guerra Mundial decidió en 1945 que se debía buscar alguna vía para que los horrores que habían sacudido a la humanidad en aquel entonces no vuelvan a repetirse. Tres años después, el 10 de diciembre de 1948, se firmaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de la cual la asamblea general de la entonces incipiente Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaba que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana “son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo”.
En 1950, la Asamblea General de la ONU estableció el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Más de seis décadas después, los derechos fundamentales de las personas siguen sufriendo constantes ataques en diferentes puntos del mundo con mayor o menor gravedad, dependiendo del caso.
Paraguay, que en octubre pasado consiguió ingresar junto a Bolivia y El Salvador como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no escapa de la de lista de países que todavía tienen tareas pendientes en la lucha por un mayor respeto por los derechos básicos. La investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura stronista, la situación de los pueblos indígenas y la discriminación son tan solo algunos de los puntos en los que nuestro país aún tiene mucho por hacer.
“En el Paraguay, por razones históricas, culturales, sociales y económicas la construcción de una cultura de Derechos Humanos es una tarea urgente y necesaria que necesita de todos y todas”, afirmó Fabián Forestieri, presidente de la sección Paraguay de Amnistía Internacional, en conversación con ABC Color. Desde el punto de vista de Forestieri, se necesita que el Estado a través de sus autoridades, demuestren “verdadera voluntad política, de acción para transformar el panorama de pobreza, desigualdad y exclusión que viven gran parte de nuestra población”.
“Si bien en el transcurso del 2014 hemos observado como la presión social y la lucha de comunidades como la de los Sawhoyamaxa, o el coraje de Lucía Sandoval, se han podido sobreponer en casos emblemáticos a la postergación y discriminación que sufrían, aún el Estado tiene una deuda enorme en materia de derechos humanos”, aseveró.
El titular de AI Paraguay recordó que ha pasado más de un año y meses del mandato de Horacio Cartes y “aún esperamos señales en el rumbo de políticas de derechos humanos, que se hacen esperar”. Para Forestieri, muchos son aún los aspectos que el Estado paraguayo debería atender con urgencia. “Es impensable que un estado que se precia de ser miembro pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tenga la altura ética para seguir sosteniéndose como el último país de la región sin una ley que proteja y combata la discriminación en todas sus formas”, puntualizó.
“El Ejecutivo debiera ser el más preocupado y avergonzado por esta situación, pero lastimosamente priman más los intereses ligados al fundamentalismo y los privilegios de grupos que no condicen con un estado respetuoso de los DD.HH.”, agregó. Señaló que la pobreza sigue siendo una de las peores crisis de derechos humanos, pues impide el acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda digna. “El crecimiento económico del cual se precian los números macroecónomicos no viene significando romper brechas de desigualdad y mejor calidad de vida”, apostilló.
Paraguay es el único país del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuenta con tres sentencias por violación de derechos de comunidades indígenas y aún así éstas todavía siguen siendo de las más desprotegidas. En ese punto, Forestieri indicó que comunidades como los Ayoreo Totobiegosode están jugándose la supervivencia ante la inacción del gobierno y un llamado urgente que vienen haciendo organismos de derechos humanos ante las terribles condiciones actuales que viven. Los yakye axa, con sentencias internacionales a favor, siguen sin poder acceder a sus tierras.
“Paraguay sigue además siendo una enorme zona de emergencia de violencia de género y la necesidad de políticas de estados es evidente”, sentenció. ”Se han recrudecido por parte de organizaciones de derechos humanos locales denuncias sobre amendrentamiento a la protesta social. Y, hace pocas semanas, hemos sido testigos de una muerte de un periodista, que nos recuerda la enorme tarea que tenemos como sociedad en exigir condiciones para la libertad de prensa, expresión y manifestación”, señaló.
“Son solo algunos temas, que señalan que no existe posibilidad para ningún gobierno que pretenda obtener éxito en su gestión, que olvide que el eje de cualquier política es la de derechos humanos. Porque en el centro de todo, están las personas, su libertad y su dignidad”, finalizó.