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Para la diligencia, el Tribunal que juzga a De Souza se constituyó este lunes junto con las partes en el Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea de la Nación y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Luego, el órgano juzgador y representantes tanto de la Fiscalía como de las defensas técnicas se trasladaron hasta la sede de la Senad, donde verificaron camionetas, motocicletas, un tractor montacarga, un generador eléctrico, restos de una aeronave, panes de la droga y pertenencias de los acusados, que fueron requisados en Curuguaty en 2012. En cuanto a la audiencia oral, la misma tendrá su continuidad mañana a partir de las 8:00. Cabe señalar que esta se encuentra en su etapa final y que está prevista para la siguiente semana la realización de los alegatos finales de las partes.
El 10 de noviembre del año 2012, en el distrito de La Paloma, departamento de Canindeyú, se llevó a cabo el allanamiento de un inmueble rural por parte de agentes antidrogas y la Fiscalía. En dicha ocasión se incautó una carga de 1.886 kilos de cocaína y cinco aeronaves. Con la ejecución del operativo “Águila Negra”, los ahora acusados fueron aprehendidos y por ello fueron procesados por los hechos punibles de tráfico, posesión, tenencia y comercialización de drogas y asociación criminal.
Luego de la captura de De Souza se filtró un audio en el que se lo escucha dialogando con los senadores Arnaldo Giuzzio, Arnoldo Wiens y el ministro de la Senad, Luis Rojas. En medio de la conversación, el narcotraficante reveló nombres de algunos políticos y fiscales que supuestamente colaboraban con las organizaciones criminales de la zona fronteriza del país. Así también, detalló la forma en que operaban con la complicidad de autoridades del lugar.
El procesado comentó que no recordaba a “un fiscal que no se haya pagado” sobornos y. al mismo tiempo salpicó a la diputada Cristina Villalba. Según De Souza, era una de las que recibían dinero por el narcotráfico. Dijo además en su momento que se pagó un fuerte monto de dinero, en dólares, para que las investigaciones contra el narcotráfico sean desviadas y que, mensualmente, se desembolsaban unos US$ 160.000 a políticos, policías y fiscales para seguir operando.