Tres exfuncionarios de Senacsa demandan al Estado

CURUGUATY. Tres exfuncionarios públicos decidieron demandar al Estado paraguayo y piden una indemnización de G. 386.800.000 en concepto de daños y perjuicios. La acción fue presentada ante el juzgado de Curuguaty.

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Los afectados fueron cesados en abril del año 2012 por la Asociación Coordinadora Nacional de Salud Animal (Aconasa), regional Canindeyú y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Los tres funcionarios alegan que fueron suspendidos desde el pasado 2 de abril de 2012 por Francisco Bianchetto Mendoza, entonces presidente de la Asociación Rural del Paraguay (APR), y de Aconasa, filial Canindeyú.

La abrupta determinación fue tomada por el gremio ante una denuncia presentada en fecha 22 de marzo de 2012 por el administrador de la estancia San Joaquín, del brasileño Joaquín Fernandes Martins. El hecho se relaciona con una supuesta irregularidad inherente al primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2012.

El responsable del establecimiento ganadero confirmó haber vacunado contra la enfermedad viral unos 18.366 vacunos; sin embargo, Senacsa registró 15.365 bovinos inmunizados contra la fiebre aftosa, hallándose una diferencia de 3.001 bovinos.

Tras detectarse el lote sin registro de vacunación, el Senacsa tomó la decisión de bloquear el movimiento de animales ante la clara sospecha de no haber sido inmunizado contra la enfermedad vesicular. El establecimiento se encuentra en el asentamiento Santa Catalina, distante a unos 20 kilómetros al suroeste de esta ciudad.

Según el acta de vacunación N° 131.010 del Senacsa, en la hacienda San Joaquín se inmunizaron (desde el 11 al 22 de febrero de 2012) unas 2.887 vacas, 1.365 vaquillas, 4.551 novillos, 4.086 toros, 201 desmamantes machos y 2.240 desmamantes hembras y 35 terneros, totalizando 15.365 animales.

Los datos consignados en el acta de vacunación fueron firmados “bajo fe de juramento” por Geraldo José de Asunción, administrador de la hacienda; Eleuterio Espínola, certificador autorizado; Miguel Angel Fernández Schupp, coordinador técnico administrativo de Comisión de Salud Animal de Canindeyú; y José Gaspar Encina, jefe de unidad zonal de Senacsa de esta ciudad.

En la unidad zonal de Senacsa, la hacienda San Joaquín registró documentadamente la adquisición de 16.380 dosis de vacunas (distribuidos en 7.380, 5.000 y 4.000 dosis); sin embargo, los dueños alegan haber comprado 19.040 dosis de vacunas, previendo posibles pérdidas en el momento de la aplicación. Curiosamente, la unidad local de Senacsa no expidió la pertinente autorización para la compra adicional de vacunas para el referido establecimiento ganadero.

La abogada Robustiana Aquino, entonces representante legal de la hacienda, denunció a inicios del mes de febrero de 2012 y en coincidencia con el inicio de periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, un faltante de 237 animales del establecimiento.

El gerente de la hacienda, Odair José Gaiari, intimó en fecha 15 de marzo de 2012 a Eleuterio Espínola, certificador de vacunación de Aconasa para que “manifieste y aclare el motivo por el cual registró y certificó solamente 15.365 animales y no la totalidad de los 18.366 ganados vacunados en su presencia en la estancia San Joaquín”.

El trabajador se ratificó ante el escribano José Lidio González Molinas que la cantidad de 15.365 animales vacunados está consignada en el acta de vacunación de la estancia San Joaquín. Admitió que no le consta la vacunación de más animales en el establecimiento.

El titular de Aconasa, Francisco Bianchetto, aseveró que en su momento dispuso la suspensión de los tres funcionarios y el sometimiento pertinente al sumario administrativo. Durante la investigación administrativa, Senacsa incluso invalidó el acta de vacunación del certificador y consignaron la cantidad de 17.487 bovinos vacunados, pero sin la participación de representante de Aconasa, según los documentos arrimados al proceso.

A su vez, el Dr. Hugo Idoyaga, presidente de Senacsa, en fecha 6 de noviembre, resolución 845/2012 mediante, concluyó que “no se ha decretado ninguna medida que determine la inhabilidad de los tres funcionarios cesados”, lo que demuestra fehacientemente que no existe responsabilidad en los hechos para los afectados, por lo que exigieron la inmediata reposición en sus respectivos cargos.

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