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El senador Silvio Ovelar, uno de los proyectistas, señaló que el objetivo de dicha normativa es evitar que los campesinos vendan sus tierras a precios muy por debajo de su cotización y que haya beneficiarios.
“Sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la reforma agraria, se sanciona con pena privativa de libertad a las personas que venden sus derecheras, a los intermediarios y a los que compran esas propiedades irregulares”, explicó el legislador a Radio Cardinal.
Ovelar relató que anteriormente el Indert tardaba en entregar los títulos de propiedad a los campesinos beneficiados con las derecheras, debido a la burocracia, lo que era aprovechado por los propios funcionarios del ente, quienes actuaban como articuladores, negociadores e intermediarios.
“Los propios funcionarios del Indert ya actuaban como articuladores, negociadores, intermediarios con personas que no deberían de ser beneficiadas con la reforma agraria y al cabo de varios años las derecheras se venden a otras personas que convertían en fincas o estancias. Se aprovechaban de la coyuntura del campesino en situación de vulnerabilidad para pagar cifras irrisorias y recibir ellos su comisión”, sostuvo.
La normativa prohíbe la venta de las tierras del Estado durante 10 años, como indica el estatuto agrario.
“Una vez que pasen 10 años de haber cancelado el precio social de estas tierras se pueden vender. Lo que no queremos es que al cabo de uno o dos años vendan a precios irrisorios esas propiedades. Al cabo de 10 años el estatuto agrario está habilitado que negocie con su propiedad”, indicó.