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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió hoy un fallo contrario a las aspiraciones de la empresa CalAgro, que disputa con la Industria Nacional del Cemento (INC) un pleito judicial por un supuesto incumplimiento de contrato y reparación de daños y perjuicios por 40 millones de dólares.
Según el fallo emitido hoy, luego de que la empresa ganara la licitación pública internacional para explotar la planta del INC, representantes de la estatal hicieron una visita para el relevamiento de datos, que requería de la presentación del proyecto de construcción, modificación y/o reparación por parte de la actora para su correspondiente autorización.
“Dicho proyecto nunca fue presentado conforme lo reconoce la propia actora, quien atribuía injustamente a la lNC el deber de poner en funcionamiento la planta. Tampoco fue presentada la póliza de fiel cumplimiento de contrato, según surge de las constancias del expediente”, expresa el fallo.
La Sala Civil determinó que “no solo no existe prueba alguna que sea idónea para acreditar la intención de cumplir con su obligación por parte de la actora, sino que, muy por el contrario, el incumplimiento de la prestación o su cargo surge patente de sus propios dichos”.
El ministro Raúl Torres Kirmser concluyó que la demanda de resolución de contrato e indemnización por daños no puede tener andamiaje favorable, “dado el flagrante incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratante CalAgro SA en virtud del contrato cuya resolución pretende”.
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Llamativamente, este fallo se produce un día después de que la firma, en conjunto con la Fiscalía, realizara un operativo encubierto que permitió sorprender en flagrancia a Rafael Ramírez, facilitador judicial y secretario del ministro Miguel Óscar Bajac, cobrando una coima de US$ 10.000 para supuestamente obtener un fallo a favor en el caso.