Tragamonedas: Concejales postergan estudio

La Junta Municipal de Asunción analizó este miércoles la autorización de ampliación de 1.500 a 2.500 máquinas de juegos de azar. Idas y venidas se dieron durante el debate de la minuta y finalmente el proyecto fue derivado a la Comisión de Legislación.

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Durante la sesión llevada este miércoles en la Junta Municipal de Asunción, la propuesta de incrementar la habilitación de los aparatos de juegos de azar (principalmente son tragamonedas) en los puestos habilitados en la capital del país fue defendida nuevamente por el concejal colorado Martín Arévalo, el proyectista.

Se mantuvo en que la modificación en la ordenanza 88/03 se sientan las bases para mejorar la recaudación por la explotación de los juegos de azar, según informó la periodista de ABC Color, Carolina Ruiz.

En un momento dado, su par colorado Yamil Esgaib salió al paso de las argumentaciones diciendo que no hay prisa por aprobar esta normativa considerando que en el último mes 15 máquinas más fueron habilitadas.

Sugirió hablar con los permisionarios y pedir un informe sobre el tema a la Dirección de Recaudaciones  de la comuna antes de tomar una decisión. Dijo a continuación que “es una pena” que se tenga que recurrir a impuestos de juegos de azar para aumentar las recaudaciones.

Seguidamente reveló el dato de que desde hace cinco años no se pagan los cánones correspondientes a los juegos de azar, por lo que habló de cierta incoherencia en las afirmaciones de Arévalo.

Tras la intervención de Esgaib, el pleno resolvió retornar el proyecto de ordenanza a la Comisión de Legislación mientras se aguarda el resultado de las conversaciones con los empresarios y de la Dirección de Recaudaciones.

Asimismo, cabe recordar que el 2 de noviembre de 2013 la propia Junta Municipal asuncena declaró alerta en la capital por “peligro de ludopatía” (adicción a los juegos de azar), debido a la “proliferación masiva, ilegal y descontrolada de las máquinas tragamonedas”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) estima que en todo el país funcionan de manera ilegal unas 20.000 máquinas.

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