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Trabajadores judiciales de Boquerón se solidarizan con el reclamo contra el proyecto de ley presentado por el Corte Suprema de Justicia ante la Cámara de Diputados, que pretende que el Poder Judicial se quede con el 100% de los recursos obtenidos de las tasas judiciales y que ya no se destine un porcentaje al Ministerio Público ni al Ministerio de Justicia.
Se trataría de un monto aproximado de G. 70.000 millones destinado actualmente a las actividades institucionales que presta el Ministerio Público a la sociedad. Los trabajadores judiciales de Boquerón han colocado un cartel frente a la Fiscalía para solidarizarse. En funcionamiento, en este momento, solo están el fiscal de turno con los asistentes afectados y la mesa de entrada para recibir denuncias.
El nuevo fiscal Héctor Velázquez (de turno) dijo que la huelga es una decisión del sindicato de funcionarios judiciales, “pero nosotros respetamos esto plenamente. Cuando el funcionariado general está contento con el salario que recibe rinde más en su trabajo. Esto es importante para los agentes fiscales y para la institución".
Ayer, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, fue hasta la Cámara de Diputados y solicitó el rechazo de la ley, señalando que la propia ciudadanía será la víctima del recorte presupuestario, porque ya no se podrá atender ni mantener todas las oficinas del Ministerio Público en el interior del país.