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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se refirió a los llamados narcopolíticos, varios de los cuales hoy ocupan cargos públicos. El último caso polémico es el del diputado Bernardo Villalba, quien se comunicaba con el narco Carlos Antonio “Capilo” Caballero, considerado el principal proveedor de droga del peligroso Primer Comando Capital (PCC).
“Whisky Johnny Etiqueta Azul. Una caja Agua Perrier y una caja Skol grande. Eso cuesta suspender la audiencia del 17” (sic) es uno de los mensajes reveladores entre el político colorado y “Capilo”. Entre los diálogos vía mensaje de texto se lee además un aparente pedido de financiamiento de parte del narcotráfico a las campañas electorales: “Apoyame a mí para diputado y vas a ver actuar a un diputado que vale!” (sic), pidió Villalba al narcotraficante.
El nombre de Villalba justamente ya había aparecido en la lista de presuntos narcopolíticos presentada por el Senado el pasado 20 de noviembre. Otros nombres en la nómina son los de Freddy D’Ecclesiis, Marcial Lezcano, Carlos Sánchez, alias “Chicharõ”, y Magdaleno Silva.
La Cámara Alta entregó a la Fiscalía las evidencias que se manejan sobre los políticos aparentemente ligados a la mafia y el narcotráfico. Sobre los siguientes pasos a seguir, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, aseguró que la línea del Ministerio Público es de “tolerancia cero al narcotráfico”. “Sea quien sea, nuestra política es de tolerancia cero”, aseveró, en contacto con la 780 AM.
Comentó que un equipo de fiscales ya está analizando las pruebas presentadas por el Congreso, en busca de elementos sólidos. “Vamos a trabajar, no vamos a descansar para encontrar los elementos. Si existen elementos actuaremos conforme a la ley”, sostuvo. Insistió en que se ponen a mano todos los recursos para esclarecer los casos de narcopolíticos. “Nuestra prioridad hoy es investigar, llegar al fondo con las investigaciones” manifestó.
Aclaró, sin embargo, que en caso de que para el Ministerio Público no se detecten pruebas suficientes, “con la misma objetividad iremos y frente a la sociedad diremos que no existen elementos”. Además de los documentos acercados por el Senado, la Fiscalía solicitará el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que justamente fue el ente que entregó las pruebas sobre los nexos entre políticos y narcos. “Se van a confrontar las evidencias enviadas con lo que aporte Senad y se va a determinar si esos elementos constituyen una conexión de estas personas con el narcotráfico”, explicó.
Díaz Verón reconoció que al Ministerio Público hoy le toca “un desafío grande”, pero reafirmó que “sea fiscal, juez, sea quien sea, nuestra política es de tolerancia cero”. El equipo conformado por la institución para investigar los casos está integrado por Carlos Alcaraz, Gilda Villalba y Elba Cáceres, bajo la coordinación del fiscal adjunto, Marco Alcaraz, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico.