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“Las tierras ofertadas en el distrito de Unión, con una superficie de 7.862 hectáreas, no son aptas para el asentamiento de comunidades indígenas, debido primeramente a que no constituyen el hábitat tradicional de los grupos a ser reubicados en el lugar”, detalla un comunicado a la prensa divulgado hoy.
En segundo lugar -continúa el documento- las tierras que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) busca adquirir no tienen la calidad suficiente para el asentamiento humano ni el desarrollo agrícola, debido a que “los inmuebles ofertados son inundables en la mayor parte de su extensión, lo que acarreará graves inconvenientes en épocas de lluvias continuas”.
Como tercer punto, la ONG rechaza la sobrevaloración de las tierras ofertadas, ya que “el precio de venta es muy superior, tanto a lo pagado por el propietario apenas un par de años atrás, así como a los resultados de la tasación” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“En unos pocos meses, las propiedades ofertadas pasaron de ser prácticamente inservibles a inmuebles que constituirán una próspera ciudad indígena”, detalla el escrito.
La ONG considera que “asombrosamente se pretende ahora apurar esta adquisición” rompiéndose acuerdos “trabajosamente ensamblados en el pasado reciente entre varios actores” para restituir tierras “largamente tramitadas y hoy nuevamente en el olvido”.
El documento cita además el aspecto antropológico, considerando que no sería “apropiado ni conveniente que grupos heterogéneos convivan en un mismo lugar”, ya que esto podría generar conflictos entre clanes.
“Si se llegase a efectivizar la adquisición de estas tierras, se ocasionará un perjuicio irreparable para los pueblos indígenas, teniendo en consideración que inmuebles que constituyen verdaderos territorios indígenas y que se encuentran con trámites culminados serán dejados de lado al no ser adquiridos por el INDI, no llevándose a cabo la restitución de territorios ancestrales”, sostiene el comunicado.
Por último, solicitan a los funcionarios públicos revertir los trámites de compra, dejando de lado intereses particulares y priorizando el interés general tutelado por la Constitución Nacional.
“De esta manera, la Redespi se suma al reclamo de la Federación de los Pueblos Guaraní de la Región Oriental y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas – FAPI” a la compra de estas tierras.
Además de la sobrefacturación y los informes técnicos desfavorables, el proceso para la compra de las tierras de Unión está plagado de irregularidades. Los primeros peticionantes, por ejemplo, ya renunciaron al inmueble. Los actuales propulsores, en cambio, son líderes con tierra.