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La problemática comenzó días atrás cuando pobladores del asentamiento Jejui Poty denunciaron que la firma “Tierra de Negocios SA” realizaba tala de bosques en una fracción de terreno que alegan fue adquirida por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a fin de ampliar al asentamiento de los ahora denunciantes.
Ayer, viernes, el fiscal del Ambiente de San Pedro, Carlomagno II Alvarenga, junto con policías intervinieron el establecimiento agrícola, perteneciente al Grupo Agrofértil SA, situado en la colonia “Felicidad” de este distrito.
Los intervinientes comprobaron el hecho y se ordenó el cese total del desmonte.
Sin embargo, según los pobladores, desde tempranas horas de este sábado tractores y otras maquinarias hicieron caso omiso al mandato y siguieron con la tala, a fin de ampliar el terreno para el cultivo.
Los integrantes del asentamiento advirtieron que actuarán por mano propia, si las autoridades no detienen el avance del desmonte, informó el corresponsal de ABC Color Sergio Escobar.
Una docena de guardias privados de la firma “Tierra de Negocios SA” custodian el inmueble con armas largas. El ambiente genera preocupación en la zona ante temor de enfrentamiento entre ambas partes.
Durante la verificación del lugar, realizada ayer, los intervinientes detectaron entre 80 y 100 hectáreas de bosques deforestados sin ningún tipo de documentación, expresaron.
Lo más preocupante de este hecho es que los responsables de la empresa acusada en el hecho ilícito no solo están desmontando dentro de su propiedad sino que probablemente ya ingresaron a una fracción de 298 hectáreas perteneciente al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), de acuerdo con documentos que obran en poder de los denunciantes.
Dicho inmueble fue adquirido por el ente agrario del ganadero Pascual Samaniego en el año 2012, a nombre de la Comisión de Sintierras “Nueva Esperanza”, con el propósito de ampliar el asentamiento Jejuí Poty.
Sin embargo, los directivos de la citada firma –según señalaron los pobladores– se adueñaron de la parcela y les sacaron a la fuerza del lugar a las familias que estaban asentadas ahí.
La comitiva hizo una observación minuciosa en las áreas boscosas y encontraron varios hechos que pueden ser penados por la Fiscalía del Ambiente, teniendo en cuenta que existe una ley de deforestación cero para la región Oriental, empero, los encargados de la firma no respetaron esta legislación y siguen actuando con total impunidad, dijeron.
Durante la intervención, las maquinarias fueron guardadas por personal de la empresa agrícola, sin embargo hoy empezaron a funcionar normalmente, denunciaron.