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La medida fue promovida por el Ministerio del Interior, dirigida por Rogelio Frigerio, y es por cinco meses. En Argentina, Isolux es investigada por sobrecostos e irregularidades en la “principal obra que el gobierno kirchnerista le otorgó, la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, por la que se investiga a Julio De Vido por malversación de fondos y en otra causa, por sobreprecios. En este caso la suspensión fue por un contrato que rescindió el Ministerio de Justicia que Isolux tenía en Mendoza”, señala Clarín.
“No queremos contratistas que tengan antecedentes de mala conducta”, afirmó Ricardo Delgado, subsecretario de coordinación de obra pública, a cargo del registro de constructores de obra pública.
En nuestro país, la situación es muy distinta. Hace solo días, el juzgado ordenó el archivamiento de la causa “superviaducto”, a cargo de Isolux Corsán, por irregularidades en la licitación y la construcción, más allá de que el propio Ministerio de Obras Públicas admitiera que faltan obras en el proyecto.
El “blanqueo” favoreció al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y los miembros del comité evaluador del ente, Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión, denunciados por lesión de confianza y asociación criminal. El MOPC adjudicó la construcción del “superviaducto” a Isolux Corsán por un costo de G. 124.210 millones en 2015. En menos de dos meses, la obra ya presentaba fallas, como la inundación del túnel tras una lluvia, un apagón y la filtración en las paredes.
La Fiscalía General alegó que la estructura no presenta anomalías. Empero, existe un documento en el que el propio MOPC admite la falta de obras.