Suman quejas contra iglesia luqueña

LUQUE. Integrantes de una comisión vecinal de esta ciudad se encuentran en pie de guerra a raíz de los ruidos molestos que provienen de una iglesia evangélica asentada en el barrio residencial Las Palmeras de esta ciudad.

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La comisión denominada “Los Amigos” presentó, en mayo del año 2012, la denuncia contra la Iglesia Apostólica Romana “Tercer Día” y el Juzgado de Faltas de la Municipalidad ese mismo año ordenó la clausura del local por polución sonora. Sin embargo, la iglesia evangélica dirigida por el pastor Pascual Morínigo Báez, que al mismo tiempo funciona como centro de rehabilitación de adictos a las drogas, sigue habilitada hasta la fecha.

Gustavo Gómez, presidente de la comisión vecinal, explicó que desde hace más de dos años soportan el abuso de los ocupantes del tinglado. Cyntia Pérez de Coronel, miembro de la comisión, comentó que en el barrio soportan inseguridad por la presencia de los jóvenes en la iglesia. La mujer dijo que los vecinos se sienten impotentes ante la inacción de la Municipalidad de clausurar el local.

Según Pérez, el punto llamativo fue cuando el Juzgado de Faltas sacó una sentencia definitiva ordenando la clausura del local y aplicando una sanción económica de 20 jornales, pero que luego redujo a 3 jornales mínimos. La multa debía ser de G. 1.200.000, pero finalmente se pagó solamente G. 200.000.

“Desde que se instaló la iglesia en el barrio estamos en permanentes zozobra”, dijo Elena Martínez, cuya casa linda con el tinglado. Según la denuncia, en la iglesia actúan grupos musicales hasta altas horas de la noche y los vecinos no pueden descansar. Por su parte, el pastor Morínigo tiene su teléfono celular apagado y fue imposible obtener su versión.

Una demanda de desalojo fue promovida por el propietario del tinglado, Héctor Núñez, contra el pastor, dado que hace dos años feneció su contrato pero sigue en el lugar sin pagar alquiler. En primera instancia ganó el demandante, pero el pastor apeló la orden de desalojo del juez Enrique Sanaria y el caso se debe definir en el Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo.

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