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El escrito fue recibido en mesa de entrada de la Cámara de Diputados el pasado 9 de octubre y lleva la firma del juez Arnaldo Raúl Martínez Prieto, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Invoca el artículo 225 de la Constitución Nacional, que contempla la posibilidad de un juicio político para la máxima autoridad del Ministerio Público en caso de supuesto mal desempeño de sus funciones.
Para el camarista, hubo una clara intromisión de un Poder del Estado en las funciones de otro, lo que a su criterio constituye un atentado contra la independencia del Poder Judicial, uno de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico en el país.
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Martínez Prieto hace alusión a la denuncia de la fiscala general contra su persona, tras la absolución de los acusados por el mortal enfrentamiento entre policías y militares ocurrido en junio de 2012 en Curuguaty, departamento de Canindeyú.
“La independencia es un principio axial de la función juzgadora, por lo que toda intención de desmedrarla en perjuicio de la libertad intelectual o física del magistrado y en beneficio de un interés ocasional –como es el caso– deviene en un crimen contra la esencia democrática de la República”, expresa parte del escrito.
Martínez Prieto consideró que la fiscala general se extralimitó en sus funciones y ejerció de manera abusiva sus atribuciones, incluso yendo en contra tanto de la Carta Magna como de la ley orgánica que rige la función del Ministerio Público.
En el pedido se consigna, además, que la denuncia proviene de la representante máxima de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, “cuando esta (la sociedad) se mostró de acuerdo con la decisión jurisdiccional que motiva la denuncia”, en alusión a la absolución de los condenados.
Si bien reconoce la facultad de ejercer un derecho acusatorio ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Martínez Prieto insistió en que la fiscala general carece de facultades para ello y con la acusación pretende “menoscabar la pureza de una decisión”.
La fiscala general denunció a Martínez Prieto y a Emiliano Rolón por mal desempeño de sus funciones, con base en el artículo 256 de la Constitución Nacional, como también violaciones al Código Penal, en atención a que los magistrados, del voto mayoritario, se abrogaron atribuciones que escapan a su competencia .
Esta acusación motivó el enjuiciamiento de ambos magistrados en el JEM, proceso que concluirá en unos seis meses en los cuales la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los mencionados, y los miembros del JEM tendrán que resolver si absolverlos o sentenciarlos.
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