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El Banco Nacional de Trabajadores perdió la suma de G. 120.000 millones, por lo que Alan Flores Cabrera y Teodoro Ronald Orrego Verdún fueron condenados a siete años de prisión, en el marco de los hechos punibles de lesión de confianza en calidad de cómplices y autores de asociación criminal.
Flores está prófugo de la justicia paraguaya y en esa condición decidió demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando que fue perseguido por ser un líder sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
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Al respecto, Sergio Coscia, procurador general de la República, habló en comunicación con ABC Cardinal. Comentó que Paraguay recibió la denuncia hace 15 días y recién procedió a contestar. Aclaró que el proceso está en una primera fase y que nuestro país aún no ha sido acusado por esta causa.
Sobre el caso de los vaciadores del BNT dijo que "se tuvo que usar la ley más beneficiosa para los encausados, porque la condena de Alan debía ser mucho mayor si era el código anterior que se utilizaba. Se utilizó la ley más benigna para ellos, como lo establece la Constitución Nacional", enfatizó.
Agregó que Alan Flores ni siquiera vino a recurrir a la justicia paraguaya, sino que estando prófugo nuevamente hizo esta demanda en similitud al caso de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes en vez de enfrentar el juicio por el secuestro de Edith Bordón prefirieron huir y demandar al Estado por supuesta tortura.
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Confesó además que después la demanda de Arrom y Martí, aparecieron de cinco a seis personas que fueron a amenazarlo con demandar al Estado ante la CIDH.
“Lo que quiero señalar con este comentario es cuán importante sería que la Corte establezca un parámetro para decir que no cualquiera puede recurrir a la Corte, que la Comisión tome consciencia y tenga en cuenta de que se está desnaturalizando el objetivo para la cual fue creada”, subrayó.