Marecos negó haber torturado a campesinos

El nuevo subcomandante de la Policía Nacional, comisario Luis Alberto Marecos, negó haber torturado a campesinos y dice que no hubo pruebas sobre las irregularidades en la entrega de equipos de logística.

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“Si ese hecho fuese cierto yo no hubiera ascendido en la última oportunidad pero se comprobó con documentaciones y testigos que llegaron hasta la fiscalía. Todo el personal policial salieron a mi favor esa vez, que yo no estaba en ese momento de la aprehensión de los 8 delincuentes”, dijo el subcomandante a ABC Televisión este miércoles, en referencia a la denuncia por supuestos hechos de tortura y represión en su contra.

La denuncia había sido presentada por el senador Alberto Wagner ante la Fiscalía de Derechos Humanos. El hecho, según la denuncia, se registró el año pasado en la colonia Tapiracuái Loma, del distrito de Capiibary (San Pedro), donde hubo una intervención policial tras la cual varios campesinos denunciaron represiones. Marecos dice que no hubo pruebas contundentes y que incluso los labriegos al describirlo físicamente se equivocaban, diciendo que era rubio y alto, o rubio y petiso.

Dijo que tampoco hubo pruebas en su contra en el caso de supuestas irregularidades en la entrega de equipos de logística, destinados a los agentes que prestan servicio en la Agrupación Táctica Rural, que ocurrió en el año 2012 en Hugua Ñandú, Concepción. En esa ocasión Marecos ordenó que los agentes devolvieran algunos de los equipos, que fueron traidos de vuelta a Asunción en una ambulancia.

Una filmación captada con un celular evidenció que los equipos fueron devueltos a poco de ser entregados en un acto dirigido por el mismo Carmelo Caballero, entonces ministro del Interior. Todo trascendió después de que un agente se negara a devolver un par de botas y fuera arrestado. Carmelo Caballero había dispuesto una intervención a cargo del departamento de Asuntos Internos de la Policía para aclarar las aristas referentes al caso.

Añadió que ahora tienen instrucciones precisas del ministro del Interior Francisco De Vargas, para luchar contra la corrupción dentro de la institución policial, que atraviesa uno de los peores casos evidenciados de desvío de dinero.

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