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La mayor parte del dinero sería utilizado para contratar personal, asesores, técnicos, transferencia a comisiones y otros.
El dinero corresponde a Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties, que solo deben ser destinados a inversión para mejoras de escuelas y colegios públicos, además de obras públicas. Sin embargo, en la mayoría de los puntos del pedido del jefe comunal, se indica que serán utilizados para gastos de personal y otros gastos corrientes, que apuntan a ganar adeptos durante la campaña proselitista con miras a las elecciones internas para generales de 2018.
Entre los argumentos, se señala que la solicitud de ampliación “obedece a la necesidad de contar con más personal para el área de servicios”. Además, menciona que se requiere “proveer tanto al ejecutivo como a funcionarios de la institución el viático correspondiente para realizar funciones fuera de la institución”. Se habla también del mantenimiento y reparación de la institución comunal, así como de la compra de máquinas, contratación de profesionales, “quienes realizarán la función de asesor y consultor correspondiente”.
Se refiere también a la compra de ataúdes, además de la “organización de eventos o jornadas de trabajo con representantes de otras organizaciones o entidades del Estado”.
Asimismo, menciona la adquisición de útiles para las diferentes oficinas, lubricantes, cubiertas y cámaras para máquinas de la institución, asistencia a organizaciones e instituciones para ayudar a personas en “situación de vulnerabilidad”, almuerzo escolar, mejoras edilicias de instituciones educativas, obras de infraestructura en lugares públicos, etcétera.
La presidenta de la Junta Municipal, Erminia Giménez (ANR), aseguró que ella solicitó modificar el plan de ampliación a fin de “direccionar a áreas muy necesitadas”, como reparación de la ambulancia y compra de medicamentos para el centro de salud de la localidad, arreglo de caminos, equipamiento y provisión de insumos a la Junta Municipal.
La concejala indicó que su colega Juan Francisco González (PLRA) presentó un dictamen en minoría para la aprobación de la ampliación tal como pidió Mereles, y fue aprobado con votos de los colorados Clide Cano de Mereles (madre del jefe comunal) y Nelson Cano (tío del intendente y hermano de la edil Clide), así como los liberales Mónica González, Roque Martínez y Juan Francisco González. Dijo que el documento fue hecho en la misma intendencia y que ella se negó a firmar.
Ante su negativa, el propio intendente Mereles convocó a una sesión extraordinaria para las 09:00 de este sábado, para tratar la remisión de la resolución de aprobación de su pedido. Estarán presentes los cinco concejales mencionados y elegirán como presidente de la Junta a Nelson Cano, quien firmará para avalar la ampliación, dijo Giménez.
Intentamos conversar con Mereles, pero no atendió a nuestras llamadas telefónicas. Por su lado, el concejal Juan Francisco González indicó que en la sesión del sábado debatirán una solución ante la negativa de Giménez de rubricar la resolución. Desmeritó la posición de su colega, indicando que ella desconoce la realidad de su zona porque vive en Capiatá y solo se traslada al lugar cada 15 días para asistir a las sesiones.
El edil dice que hay un porcentaje del Fonacide y royalties que se puede usar para contratar personal, pagar viáticos y otros, pero que en el momento en que hablaba con nosotros no recordaba la cifra, porque que “no la tenía a mano...” y que, además, estaba “viendo el partido”.
Le indicamos al edil que el 50% del Fonacide es para mejoras de instituciones públicas, el 30% para almuerzo escolar y el 20% para proyectos de desarrollo, mientras de los recursos de royalties, el 80% debe ser destinado a obras de desarrollo del distrito, y el 20% a proyectos de desarrollo. Respondió que, a su criterio, existe un porcentaje que se puede usar para gastos de personal, y también que hay otros rubros financieros en el plan de ampliación que se pueden utilizar para tales fines.