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Muñoz dijo que, actualmente, no cuentan con vínculo alguno con el Ministerio de Obras Públicas, pero expresó que, a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ofrecerá el servicio al ente estatal.
“Nosotros somos una empresa comercial que hacemos servicio de detección de faltas. Al que tiene el poder de hacer ofreceríamos nuestro servicio. Si llegamos a un acuerdo, hacemos y si no, no hacemos”, explicó Muñoz.
Recordó que volverán a ofrecer el servicio al MOPC, tal y cual lo hicieron cuatro años atrás porque siempre hubo interés por parte del ente privado en trabajar con la Policía Caminera, estamento dedicado a custodiar la seguridad en las rutas nacionales.
Adelantó que los controles seguirán de los municipios y no en ruta ya que es la voluntad de los intendentes con quiénes se venía trabajando.
Sobre el pedido de devolución de los importes de las multas, Muñoz dijo que el fallo de la Corte no es retroactivo y que aún no está establecida la reposición del dinero. Dijo que ellos cobran un porcentaje por lo recaudado en las multas.
La Corte ratificó que la fiscalización de rutas nacionales e internacionales es atribución del Gobierno Central y no de las comunas. Así señala el fallo de la máxima instancia jurídica que declaró ilegal las fotomultas.