Cargando...
La Ley de Comercio Electrónico 4868/13, que fue presentada en el 2011 por el entonces diputado David Ocampos, actual ministro de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, fue reglamentada en febrero pasado por el Poder Ejecutivo.
Para la realización del decreto reglamentario participaron representantes de 17 instituciones, entre ellas empresas proveedoras de internet que se ven afectadas por esta normativa, al igual que los que ofrecen productos y servicios a través de plataformas electrónicas, dijo Rodys Rolón jefe de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico (DGFDCE), dependiente del MIC.
Actualmente el MIC se encuentra en plena campaña de sensibilización sobre la normativa, dijo Rolón en contacto con ABC Color, es decir, la semana pasada se reunieron con 10 de los 61 proveedores de internet en Paraguay, para aclarar algunos detalles sobre la normativa. Los demás proveedores fueron invitados pero no asistieron, pero eso no les exime de cumplir la ley, dijo.
La próxima semana planean reunirse con los proveedores de bienes y servicios (oferentes) en internet, ya que esta ley prevé una serie de regulaciones que estos negocios deberán cumplir de ahora en más.
Algunas de los puntos relevantes que establece esta normativa es que las operadoras de internet deberán guardar durante 6 meses datos transmitidos de transacciones electrónicas y deberán colaborar con las autoridades en caso de alguna denuncia para la investigación.
Las operadoras podrán por ejemplo, con autorización de las autoridades proceder al bloqueo de sitios extranjeros de venta de bienes o servicios que afronten procesos en nuestro país.
La ley también garantiza más seguridad para el usuario, ya que en caso de que el producto por el que pagó en internet no le llegue, la ley obliga al oferente a devolverle su dinero. También se establecen plazos para la llegada de los productos, dijo Rolón.
Explicó que la Ley de Comercio Electrónico existe en países como Chile, Colombia y Argentina bajo la denominación de Ley de Firma Digital, que en nuestro país se hizo por separado.