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A criterio del Senave, las disposiciones municipales “violan preceptos constitucionales y legales; específicamente los artículos 7, 8 y 137 de la Constitución Nacional y las leyes 2459/04 y 123/91”.
El Senave argumenta a su favor que es el organismo gubernamental establecido por ley para desarrollar las políticas estatales cuya regulación pretenden abrogarse los municipios citados (Loreto, Capiibary y Villa Oliva), mediante simples ordenanzas.