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Ahora el Senado tendrá un Código de Ética, que se aplicará dentro de la sede parlamentaria, el cual fue aceptado por la mayoría de los senadores durante la sesión extraordinaria llevada a cabo en la fecha.
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La Comisión de Legislación presentó algunas modificaciones al proyecto original, en base a lo cual se votó. Primero se aprobó en general y luego, los artículos de manera individual.
Entre las disposiciones se encuentran: realizar su labor con honradez, transparencia, veracidad, respeto y tolerancia. Debe presentar al final de cada periodo anual un informe a la Mesa Directiva de carácter público, que incluye los proyectos presentados en ese tiempo.
En caso de que le ofrezcan regalos, que pueden presumirse tengan el objetivo de influir en el ejercicio de su cargo, los legisladores pueden aceptarlos pero deberán ponerlos a disposición de la Cámara para que después puedan ser donados a alguna institución de beneficencia o de esa índole. Esta fue una modificación propuesta por Rasmussen, puesto que el enunciado original consistía en rechazar los obsequios.
El reglamento además dice que es deber del parlamentario “tratar a sus colegas y al personal administrativo con respeto y tolerancia”.
En este punto, el debate central se basó en que algunos senadores como Dionisio Amarilla y Enrique Riera propusieron que este artículo se aplique ante inconductas no solo en el Congreso, sino también fuera del recinto parlamentario.
Sin embargo, legisladores como Rodolfo Friedmann, Mirta Gusinky, Enrique Bacchetta y Desirée Masi se opusieron a que esto se extienda a todo lo que hacen o dicen en la calle. Insistieron en que el código se maneje entre los senadores y funcionarios solo dentro de la sede legislativa, opción que fue finalmente fue la aprobada.
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Para el efecto se conformará una comisión especial, cuya función será analizar la denuncia y presentar después un informe ante el pleno, que deberá decidir si el legislador acusado infringió el código de ética para sancionarlo.
El congresista Stephan Rasmussen propuso que el castigo por esta falta sea una suspensión de 60 días sin goce de sueldo o incluso la pérdida de investidura. No obstante, votaron porque la sanción sea solo verbal o escrita.
Este proyecto fue presentado por Derlis Osorio tras los escándalos que se produjeron en el Senado en intervenciones del parlamentario Payo Cubas, quien se enfrentó a varios de sus colegas. Igual de cuestionable fue la reacción de la legisladora Zulma Gómez, quien tampoco se ahorró improperios hacia Payo.
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