Rojas interina la Senabico

Tras la renuncia de Karina Gómez a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), el viceministro Javier Rojas Silva interina actualmente la institución. Casos siguen y están abiertos a corte administrativo.

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“La situación actual es que no hay ninguna persona designada para el efecto. Por una cuestión jerárquica, hasta que se oficialice la renuncia de la señora ministra estamos tomando las coordinaciones jurídicas y administrativas”, indicó Rojas Silva, actualmente a cargo tras la dimisión de Gómez, la cual fue anunciada esta mañana en Palacio de López, argumentando su estado de embarazo.

El viceministro dijo estar al tanto de los rumores -sobre todo en la prensa- de que la exinterventora de Ciudad del Este, Carolina Llanes, podría asumir el cargo. Indicó que los funcionarios acatarán cualquier decisión que tome el Ejecutivo.

“Sea quien fuere (el reemplazante) las puertas de la institución están abiertas para este corte administrativo que suele ocurrir en este tipo de situaciones. El curso administrativo normal sigue, es decir, la persona que va a encabezar esta institución debe realizar un corte administrativo a ver la situación de cada caso”, dijo sobre el proceso pendiente.

Respecto a los casos que actualmente lleva la Senabico, algunos más mediáticos, como el caso Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña o el de Darío Messer, indicó que todos los bienes están detallados y listos para ser auditados por quien asuma.

Justamente, la administración y la cesión en alquiler de la quinta “Nápoles” de “Cucho” Cabaña fueron temas controvertidos de la gestión de Gómez, porque inicialmente se negaron a proveer datos del contrato. Este hecho se sospecha fue el verdadero detonante de la renuncia.

Al respecto Rojas Silva asumió parte de la responsabilidad, ya que fue uno de los que dictaminó para la cesión del lujoso inmueble por una suma que se considera ínfima a una persona de dudosos antecedentes crediticios.

El viceministro, no obstante, justificó que esa fue una decisión por una “necesidad urgente de acelerar algunos procesos” ante sucesos como el robo y destrucción de la propiedad. No obstante, destacó que todos los procesos están documentados y los términos “pueden ser reajustados porque el contrato así lo permite”.

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