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El campo está ubicado en el municipio de Curuguaty, departamento de Canindeyú y parte de Caaguazú, y los ocupantes son familiares y vecinos de los caídos en la masacre, ocurrida en el año 2012.
Los intervinientes tenían planeado realizar la destrucción de al menos tres puentes que se encuentran en el otro extremo de la reserva natural Campos Morombí, por donde son extraídas maderas, carbón y marihuana, además de postes, pero no pudieron llevar a cabo los procedimientos, porque un solo policía acompañó las recorridas de una parte del predio, atendiendo a que existen unos cuatro grupos armados dentro de la reserva.
En la primera verificación, en la reserva Yberá, estuvo a punto de producirse un incidente porque los campesinos se mostraron molestos ante el ingreso de los funcionarios de la Seam, quienes dijeron que era una reserva.
Por su parte, los labriegos argumentaron que ya no es una reserva, pues los árboles nativos ya fueron derribados anteriormente.
Ante el peligro de la situación, los funcionarios optaron por salir sin realizar la intervención y se comprometieron a relevar datos.
La abogada Katerin Alonso, del Departamento de Planificación y Manejos de la Dirección de Áreas Protegidas de la Seam, refirió que el objetivo principal fue la verificación y relevamiento de datos de la situación actual de la reserva científica Yberá. “Nos constituimos con la Dirección de Áreas Protegidas y la Asesoría Jurídica, además de Fiscalización Ambiental, en donde constatamos la ocupación del área por asentamientos”, explicó.
Por su parte, Roberto Arias, fiscalizador de la Seam, señaló que se pudieron hallar unas 200 a 300 hectáreas de deforestación y quema en la reserva Yberá, pero reconoció que no pudieron hacer nada porque llamativamente les acompañó un solo efectivo de la policía, por lo que se limitarán a relevar informes. Los puentes no pudieron ser destruidos por el temor a los labriegos, que cuentan con fuertes armamentos, dijeron.
Actualmente, la reserva natural Campos Morombí, que linda con Yberá, está ocupada por al menos cuatro grupos de campesinos, que se dedican netamente a cultivar marihuana y extraer maderas y carbón. La mayor parte de las salidas están en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, en donde supuestamente pagan millonarias sumas a policías y fiscales, señalan los datos.