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Álvaro Arias, representante de Ortigoza, explicó que el Tribunal “desdobló” el juicio al excluir temporalmente al parlasuriano Milciades Duré (PLRA, llanista) y Justo César Gamarra (exconsejero y exintendente de Iruña), ya que presentaron acciones de inconstitucionalidad en noviembre de 2016, sin que la Sala Constitucional de la Corte se haya expedido.
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“Sostenemos que la defensa en juicio es inviolable, el Código Procesal Penal dispone que deben concurrir todas las partes. Estos dos peritos fueron acusados como cómplices, cómo es posible que vayan a juzgar la conducta de cómplices siendo que los autores no van a ser juzgados aún”, cuestionó Arias.
Con este argumento fue presentado un recurso de apelación general con el cual se solicita la suspensión del juicio oral.
Este caso juzga el negociado con la venta de las tierras de San Agustín, que se materializó el 27 de marzo de 2013, durante, el gobierno de Federico Franco, cuando se pagaron G. 46.884.846.163 en concepto de compra de la propiedad de 5.700 hectáreas ubicada en Cordillera.