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El investigador del Ministerio Público a cargo de colectar pruebas en torno al caso de las coimas en el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) aseguró que las identidades de las empresas privadas involucradas en la red de corrupción “es un aspecto que tomara estado público en la medida que tengamos elementos suficientes para formular imputaciones”, mencionó.
Añadió que las identidades específicas de quienes hayan entregado los sobornos, se sabrán “cuando ya tengamos consolidada esa información, iremos presentando las imputaciones al Juzgado Penal de Garantías”, explicó.
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Aseguró que no se trata de proteger a los empresarios, como ya se estuvo criticando por parte de algunos sectores, sino simplemente es “una información sensible que todavía tenemos que reservarnos para no perjudicar a la investigación”, comentó el agente.
Adelantó que en algunos casos “hablamos de particulares que aparentemente ingresaban mercaderías de contrabando, y algunas empresas dedicadas a importar que en algún momento solicitaron excepción de controles”, afirmó René Fernández.
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Con respecto a si será investigados los periodistas cuyos nombres fueron filtrados, y están señalados de supuestamente haber recibido coimas de parte del general Ramón Benítez, el fiscal explicó que “Al no existir en la ley una figura de soborno privado y no tener otros elementos, (los periodistas) no son objeto de sospecha por parte del Ministerio Público”, afirmó.
Agregó para explicar la diferencia que, cuando un funcionario recibe dinero de particulares “eso es cohecho pasivo, pero si cualquier persona vinculada a una entidad privada, sea periodista o no, recibe un sobresueldo, eso en este país hoy día no constituye delito”, especificó el fiscal.