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La fiscala Raquel Fernández, quien está suspendida desde hace cuatro meses en sus funciones tras haberse negado a pedir los extractos de llamadas del caso 31 de marzo, fue citada esta semana para ser oóda de acuerdo a una petición que ella misma realizó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La fiscal suspendida explicó que ella había rechazado el pedido de cruce de llamadas propuesto por la querella adhesiva, fue porque el abogado de la familia de Rodrigo Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos “imaginó una teoría del caso como querellante que no concordaba con la teoría que yo tenía como agente”, dijo.
Recordó que pese a que el abogado solicitó en varias oportunidades que ella pidiera los extractos de llamadas de distintas personas que se habían comunicado con el comandante de la Policía Críspulo Sotelo aquella noche, así como también, el cruce de llamadas del presidente de la República, la senadora Lilian Samaniego, José Ortiz, Luis Canillas y otros que “sin formar parte del escalafón de la policía se comunicaron con el comandante”, recordó Raquel Fernández,
Rememoró también que el entonces miembro del JEM, Eduardo Petta, le había manifestado que si ella no pedía el extracto era porque “ya tenía cerrado el caso”, pero la agente suspendida negó todas estas acusaciones, y se ratificó en decir que simplemente esas diligencias “a mi criterio eran innecesarias ni pertinentes”.
Para respaldarse citó también lo que estipula el Código Procesal paraguayo en su artículo 318, que habilita al Ministerio Público a rechazar las diligencias cuando las considere impertinentes.
“Mi resolución firmada el 25 de setiembre estaba fundada con los fundamentos que expresan por qué era impertinente ese extracto”, expresó.
Ahora, la fiscal afirma que meses después los hechos le dieron “la razón jurídica”, porque las fiscalas integrantes del nuevo equipo que se conformó tras su suspensión (Teresa Rojas Clara Ruiz Díaz y Marlene González) obtuvieron los extractos de llamadas pero “no los ofrecieron como prueba en el escrito de acusación”.
Según Raquel Fernández, esto se debe a que, como ella había advertido, los extractos no aportaban a la investigación.
A la vez, expresó que Eduardo Petta mintió cuando dijo que las telefonías solo guardan los datos de llamadas seis meses, pues, según Fernández, finalmente “se obtuvieron los famosos datos tan publicitados”, tiempo después.
En todo momento la agente insistió en que su suspensión fue injusta. “Estuve convencida porque no me aparté del código procesal penal y no fui sumisa a lo que la prensa estaba deseando, y no lo voy a hacer si vuelvo a mi lugar de trabajo”, dijo antes de agregar que continúa convencida de que hizo bien su trabajo.
Se refirió también a la imputación contra el comisario Tomas Paredes Palma, a quien imputaron por inducción a un subordinado a un hecho punible. Según la investigadora, el tiempo también le dio la razón en este caso, pues “finalmente antes de la fecha de acusación desisten de esa querella, así que toda la película que armó Cacavelos no pudo ser sostenida”, arguyó Fernández, quien insiste en que no hubo orden directa del jefe policial para que el suboficial fuera matar a Rodrigo Quintana.
Por último, la agente fiscal pidió a la autoridad competente su absolución y el levantamiento de su suspensión pues, según dijo, le han causado un gran perjuicio manteniéndola estos cuatro meses percibiendo solo el 50 % de su salario.