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"Se dispone el levantamiento de la alerta de seguridad 100%", señala la nota de servicio Nº 43 de este domingo 19 de julio, firmada y sellada por el comandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo Cáceres. La medida de acuertelamiento general de toda la fuerza pública había sido dispuesta el pasado viernes 17. El motivo de esta alerta de seguridad fue el asesinato de cinco policías en dos hechos distintos pero acaecidos en similares circunstancias, en el norte del país, en menos de una semana.
El primer caso ocurrió el domingo 12 de julio en horas de la tarde en la zona de Pacola, Capitán Bado, donde resultaron víctimas el suboficial primero Egidio Ramón Chávez (32) y el suboficial principal de Orden y Seguridad Adalberto Candia (47). Ambos estaban a bordo de una patrullera en camino a la comisaría de Aguara cuando fueron emboscados, la patrullera acribillada y ellos ejecutados.
El Gobierno enseguida señaló a los criminales del EPP como responsables e incluso se dijo que podrían ser nuevos miembros que estaban siendo entrenados. Hablaron además de que los miembros de este grupo criminal se estarían desplazando hacia Amambay porque se sentían acorralados.
El pasado viernes, cuando la consternación aún estaba vívida, un segundo hecho luctuoso sacudió al país: esta vez, tres policías fueron las víctimas fatales en la zona de Yaguareté Forest, departamento de San Pedro, donde a plena luz del día acribillaron a los agentes en un camino vecinal y luego quemaron la patrullera en la que estos se desplazaban. Los cuerpos de los agentes Agustín Romero (40), Crispín Rojas Pereira (34) y Roque Salinas Salinas (28) quedaron tendidos a un costado del camino de tierra roja, mientras el vehículo ardía en llamas y los pobladores de la zona comenzaban a llegar al lugar antes que las autoridades.
Nuevamente, apenas ocurrido el hecho, el Gobierno señaló al grupo de criminales del EPP como responsables. Sin embargo, en menos de 24 horas se dio un cambio en el discurso y esta vez dijeron que se trataba de una represalia del mundo del narcotráfico por las avionetas decomisadas días atrás, que eran utilizadas para el tráfico de cocaína.
El duro golpe a las fuerzas de seguridad causó indignación generalizada, sobre todo entre los integrantes del cuerpo de seguridad y los familiares de estos, que salieron a las calles a manifestarse pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Francisco de Vargas, e incluso del presidente de la República. Durante la manifestación de ayer, sábado, algunos niños hijos de policías portaban carteles con inscripciones tales como: "No quiero ser huérfano" y los familiares alegaron que salían a decir lo que los agentes no pueden expresar.