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Con el fin de evitar que se realicen más llamadas extorsivas desde los centros de privación de libertad, los legisladores Éber Ovelar y Óscar Tuma presentaron un proyecto que tiene como principal objetivo establecer un sistema para localizar y bloquear de forma estricta las comunicaciones. Éste fue sancionado y remitido el Ejecutivo.
Será el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Institutos Penales el que deberá cumplir esta normativa, en caso de que sea aprobada por el Ejecutivo. Pretenden que se instalen equipos tecnológicos que permitan detectar las señales de comunicación desde los penales e impedir que puedan hacer llamadas. Asimismo, que el sistema de tecnología que se instale esté constantemente monitoreado y se obliga a todas las empresas de telefonía móvil a que colaboren cuando se deba identificar las señales de salida.
Un punto que no está previsto dentro del proyecto es el referente a lo económico, es decir, los fondos que se necesitarán para implementar tecnología, además del pago al personal para el monitoreo y manutención de este tipo de programa.