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“Es una cuestión básica, es información pública por el solo hecho de que está prevista en los presupuestos estatales”, explicó el abogado Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una de las organizaciones miembros del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI).
Si bien tiene su propio presupuesto, la entidad fue financiada por los gobiernos de Brasil y Paraguay y no por accionistas privados, explicó el letrado. “Son funcionarios de una entidad claramente estatal”, aseguró.
En Paraguay, un ciudadano lambareño logró acceder a documentos relacionados al presupuesto del 2007 de la Municipalidad de Lambaré. Los documentos incluían el anexo de personal contratado por la administración de Roberto Cárdenas (ANR).
En la sentencia, la jueza María Mercedes Buongermini Palumbo sostuvo que “las personas tienen derecho a acceder a la información sobre cómo se utiliza el dinero de sus impuestos y que las agencias gubernamentales están obligadas a proporcionar esa información”. Además, aseguró que los ciudadanos tienen el derecho a conocer los salarios de los funcionarios, ya que de esta forma pueden juzgar si la administración se lleva a cabo conforme a las normas.
Por otro lado, las municipalidades de Villarrica y Bahía Negra ya publican los salarios de sus funcionarios, a pesar de que el Art. 28 de la Constitución Nacional que establece el derecho de acceso a la información pública no haya sido aún reglamentado.
Las entidades de otros países de la región, como Uruguay, Brasil, Chile, El Salvador, Estados Unidos y Canadá, también dan a conocer los salarios de todos los funcionarios de entidades públicas, sin que esto comprometa la seguridad de los trabajadores, aseguró Santagada.
La divulgación de los salarios de los funcionarios de la hidroeléctrica Itaipú Binacional generó un amplio rechazo entre los principales sindicatos de la entidad, alegando que esta es información privada cuya divulgación sostienen compromete la integridad de los empleados.
Si bien en Paraguay aún no existe una ley que reglamenta el acceso a la información pública, este derecho está consagrado en la Constitución Nacional y ratificado por el Congreso a través de diversas normativas internacionales.