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Pobladores de la compañía Costa Pucú, distrito de San Ignacio, Misiones se movilizaron de nuevo este jueves frente al acceso en el inmueble donde la Comuna quiere abrir un vertedero para tirar la basura.
Los colindantes al terreno presentaron ante el juez en lo penal de garantías, Julian Camacho, un recurso de amparo constitucional en contra del proyecto de apertura de nuevo vertedero municipal en la mencionada compañía.
Solicitaron el amparo los vecinos Ramón Del Puerto, Lidia Báez Vda de Peña y Evelio Galarza, bajo patrocinio de los abogados Ramón Meza y Ramón Noguera.
La Municipalidad apeló la medida cautelar dictada por el magistrado Camacho y la cámara de apelaciones integrada por los jueces: Mirian Alegre Jara, Víctor Daniel Rodriguez y Magno Vargas, resolvió revocar parcialmente la resolución en la parte que dispone la medida cautelar de urgencia.
El Tribunal de Apelaciones fundamenta que de persistir la prohibición los habitantes de la ciudad de San Ignacio, Misiones se exponen a una epidemia por la basura acumulada, expresa, al tiempo de calificar de improcedente la medida cautelar adoptado por el juzgado en lo penal de garantía de la Circunscripción Judicial.
La presidenta de la comisión vecinal de Costa Pucú, Lucrecia Gimenez señaló que no se van a retirar del lugar. Desde hace ocho días que están en frente de la propiedad de 52 hectáreas sobre la ruta IV, donde la Municipalidad quiere habilitar un nuevo vertedero.
Los abogados Ramón Meza y Ramón Noguera explicaron a los vecinos que este jueves presentaron una aclaratoria ante el Tribunal de Apelaciones. “Pedimos que nos aclaren el alcance de la revocatoria porque la resolución dice revocar parcialmente y queremos que nos aclare eso”, dijo Noguera.
Por su parte el abogado Meza explicó a los vecinos que faltan 48 horas para que la resolución de la Cámara de Alzada quede firme y ejecutoriada, “pero antes tienen que aclarar la revocatoria”, expresó.
El párroco de San Ignacio, padre Antonio Betancourt (S. J) señaló que no pueden abrir un vertedero sin proyecto ni estudio de impacto ambiental. La licencia tiene que otorgar la SEAM, pero no hay estudio ni planes para habilitar un vertedero. “Si hay estudios truchos que fueron copiados de otras localidades y que los técnicos de la SEAM y se dieron cuenta cuando vinieron a San Ignacio” dijo el sacerdote.
Añadió que no se explica cómo actúa la justicia, porque el miércoles vino el juez Julian Camacho a verificar el lugar a fin de resolver el amparo, con elementos de juicio, y este jueves el Tribunal de Apelaciones dicta otra resolución de revocatoria parcial que no tiene sentido, dijo el padre Betancourt.