Las familias serán trasladadas a un nuevo terreno en el distrito de Yhú, en el departamento de Caaguazú y a unos 47 kilómetros de donde estaba situado el asentamiento de Guahory, del que fueron expulsados en septiembre en un procedimiento denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Indert explicó que llegó a un acuerdo de compra con el propietario del inmueble adonde este martes será trasladado un primer grupo de unas 400 personas, con el objetivo de que accedan a su tierra propia antes de la Navidad, según un comunicado de la entidad.
En este lugar, el Indert prevé instalar, en el plazo máximo de un año, “una colonia modelo, autosustentable”, que proporcione mejores condiciones de vida a los campesinos de Guahory para que puedan superar las situaciones de pobreza o extrema pobreza que les afectan.
El terreno, propiedad de la empresa España Informática, consta de siete inmuebles con una superficie total de casi 1.500 hectáreas, 900 de las cuales estaban dedicadas a la producción agrícola mecanizada, y el resto a pasturas para el ganado.
Además de este acuerdo de compra, el Indert suscribió un compromiso con la Federación Nacional Campesina (FNC) para verificar la nómina de pobladores de Guahory y comprobar quiénes son los pobladores antiguos que tienen “derecho real de acceso a la tierra”.
También comprobarán cuáles son los títulos de propiedad que ya están vencidos, y cuáles son los linderos de estas fincas, debido a que la titularidad de las tierras está en disputa entre los campesinos y los colonos de la zona, en su mayoría de origen extranjero.
Por último, el Indert y la FNC estudiarán qué familias pueden ser trasladadas a los 40 lotes que el Estado posee en la zona de Guahory, y qué opciones de compra de tierras aptas existen para reubicar al resto de pobladores en la zona.
Los campesinos de Guahory fueron desalojados en septiembre por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según denunció la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) .
La Coordinadora solicitó a las autoridades estatales, en un informe presentado esta semana, que suspendan los desalojos mientras no puedan garantizar los derechos de las personas afectadas, y pidió que atienda las necesidades de tierra y de vivienda de la población a través de políticas públicas.
Paraguay es el país con la distribución de tierras más desigual del mundo, donde el 90 % de la tierra se encuentra en manos del 5 % de los propietarios, mientras que el restante 10 % de terreno se reparte entre el 95 % de los propietarios, según la ONG Oxfam.