El Instituto Paraguayo de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) anunció que las 95 familias serán trasladadas “en cualquier momento” desde el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, a una parcela de 350 hectáreas ubicada en la colonia “8 de diciembre” , en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná, situada a más de 100 kilómetros al sureste de Campos Morombí (Marina Kué), según un comunicado del Indert.
“Llegamos a un final feliz, luego de un gran esfuerzo, principalmente a nivel judicial, donde obtuvimos el interdicto para retomar la posesión de esas tierras que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria”, explicó Justo Cárdenas, presidente del Indert.
La medida no afecta sin embargo a las cerca de 50 familias, en su mayoría familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty, que el pasado 27 de junio se instalaron en las tierras escenario de la matanza para exigir que se defina su titularidad, precisó a Efe Mariano Castro, campesino ocupante de las tierras.
“Las familias que van a ser reubicadas no están en Marina Kué, sino frente a estos terrenos, junto a la ruta 10. Nosotros no pedimos la reubicación, pedimos que se reconozca que las tierras de Marina Kué son del Estado y que se nos concedan a los campesinos sin tierra para que podamos trabajar” , aseguró.
Agregó que los campesinos ya están trabajando la tierra para asegurarse su sustento, y que por el momento se encuentran “muy bien y dispuestos a seguir en el lugar”.
“No vamos a dejar Marina Kué porque es el lugar donde mataron a nuestros familiares y amigos, y queremos justicia”, enfatizó.
Castro es el padre de Adolfo Castro, uno de los once campesinos fallecidos durante la masacre de Curuguaty, y de Néstor y Adalberto Castro, dos labriegos imputados por la muerte de los seis policías que están siendo juzgados desde el pasado lunes en Asunción.
La matanza desembocó una semana después en un juicio político a Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
Los terrenos de Marina Kué son llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.
La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.
La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.
El 15 de junio de 2012, más de 300 policías acudieron al lugar a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban estas tierras para pedir que se incluyeran en la reforma agraria.
Durante el desalojo, se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar un saldo de varios heridos.
Por la muerte de los policías hay trece campesinos imputados, mientras que nadie está siendo juzgado por la muerte de los once campesinos.