Contralor analiza hoy qué hacer ante juicio político

Óscar Rubén Velázquez, actual contralor general de la República, se reunirá hoy con sus representantes legales a fin analizar los caminos a tomar, atendiendo al inminente desenlace adverso con el juicio político por mal desempeño de funciones.

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En comunicación con ABC Color, el abogado Horacio Galeano Perrone confirmó la realización de la reunión que coincide con la fecha en que fue convocado para presentar sus alegatos de defensa en una sesión extraordinaria, previa a la votación de mañana en Cámara de Senadores, donde se vislumbra un escenario desfavorable para Velázquez, que con 30 votos de 45 puede ser apartado del cargo.

El representante legal evitó hacer alusiones sobre una eventual renuncia previendo una inminente destitución en el Poder Legislativo y todo dependerá de lo resuelto en el encuentro que mantendrán poco antes del mediodía de este martes; en ese sentido, Galeano Perrone aclaró que toda las decisiones quedan en manos de su defendido, mientras sus abogados se limitan a sugerencias. “Nosotros estamos listos para presentarnos hoy a las 15:00 y también estamos preparados para dar un paso al costado”, acotó.

El caso de la "secretaria VIP", Liz Paola Duarte, que cobró millonarias asignaciones en concepto de horas extra sin estar presente en su lugar de trabajo, fue el detonante que motivó el juicio político en el Congreso Nacional. Las investigaciones del Ministerio Público determinaron varios casos más de funcionarios de la Contraloría beneficiados con pagos irregulares, entre otros casos similares.

A pesar de los elementos tanto en contra de Velázquez como de la subcontralora Nancy Torreblanca, ambos optaron por mantenerse en el cargo, lo que generó un repudio masivo por parte de la ciudadanía que se tradujo en severos calificativos durante la acusación a cargo de la Cámara de Diputados la pasada semana. Liz Paola Duarte Meza, conocida como la "secretaria VIP" de la Contraloría General, fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión, entre las que se destaca una fianza de G. 600 millones y la prohibición de salir del país. 

 

 

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