Repudian administración del Ministerio Público

Funcionarios del Ministerio Público repudian la administración del ente por la falta de pago del aporte a IPS, que es descontado a los empleados cada mes. También reclaman el fenecimiento en el cargo del fiscal general del Estado.

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El Ministerio Público adeuda al Instituto de Previsión Social por el aporte de su personal correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, según denuncian los funcionarios. Con los intereses por mora y el fraccionamiento, la deuda supera los G. 30.000.000 y debe ser pagada en cuotas que van hasta marzo, a la par de los aportes de este año.

Los funcionarios lamentan que cada mes les descuentan del sueldo por el aporte a IPS y cuestionan el porqué no se realizan los pagos por la patronal. “Tuvimos varios compañeros que intentaron consultar y no fueron atendidos por falta de pago. Esto no puede ser; sin falta nosotros pagamos cada mes. Queremos saber qué está pasando”, reclamó una funcionaria que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Asimismo, el fenecimiento en el cargo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, también es reclamado por parte de los empleados. En noviembre del año pasado culminó su periodo iniciado en 2011 y es el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura, el que debe nombrar al nuevo fiscal. 

Por otra parte, cuestionan la falta de aumento salarial en los últimos 5 años, pese a que el presupuesto del Ministerio Público ha crecido en un 85%, aseguran los funcionarios, que ya conformaron un comité de crisis para tratar de solucionar esta problemática.

El 1 de febrero van a realizar una gran manifestación frente a la Fiscalía General del Estado. La convocatoria es para las 14:00. Los protestantes ya han iniciado su repudio mediante pasacalles colocados anoche en distintos puntos aledaños al Ministerio, con el nombre del director de Finanzas, Pablo Vargas. Además, reclaman que el secretario de la Asociación de Funcionarios sea cómplice de la administración, por no defender los derechos de los afectados.

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