ASUNCIÓN. Un centenar de familias acompañadas de banderas del Vaticano y de Paraguay, organizadas por la Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia, se congregaron en una céntrica plaza de la capital para mostrar su rechazo a los tratados internacionales suscritos por Paraguay sobre salud y derechos humanos.
“Los organismos internacionales presionan y exigen imponer una ideología gay o de género”, dijo a Efe Juan Vera, un portavoz de la Federación, que dice representar “al 88 % del pueblo católico”.
“No protestamos contra ningún ciudadano ni contra sus prácticas sexuales, es para defender la vida y la familia y para denunciar la grosera intromisión de las Naciones Unidas, la OMS y Amnistía Internacional”, destacó Vera.
La ONU ha pedido a Paraguay en reiteradas ocasiones que promueva la aprobación de una ley contra toda forma de discriminación que, entre otras cosas, garantice la salud de colectivos estigmatizados como las personas LGTB, así como los afectados por el VIH/Sida, discapacidad o enfermedades mentales.
“Paraguay es uno de los pocos países de la región que no cuenta con dicha ley y esto representa una deuda histórica con la sociedad paraguaya”, expresó el relator de la ONU del derecho a la salud, Dainius Puras, en una rueda de prensa en Asunción a principios de mes.
Y agregó que las personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) son víctimas en Paraguay de “estigma, violencia y abuso”.
Paraguay ha ratificado todos los tratados y convenciones del sistema de derechos humanos regional, excepto la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, y la Convención Interamericana contra la discriminación racial.
Los manifestantes aseguraron en un comunicado que el objetivo de la ONU es “la imposición de una educación inhumana, consumista, para pervertir masivamente la conducta de nuestros jóvenes y niños desde los 5 años”.
Vera rechazó que Paraguay deba adaptarse a las normativas aprobadas en otros países porque, sostuvo, “Europa moralmente está acabada y Estados Unidos es una dictadura ideológica”.
La “Marcha por la vida y la familia 2015” pidió a las autoridades paraguayas el rechazo de “cualquiera de las 10 leyes impulsadas desde el año 2004 desde el Parlamento”.
“Principalmente la ley de identidad de género, la ley contra toda forma de discriminación y las agendas de derechos humanos impulsadas desde el Ejecutivo”, suscribieron.
Amnistía Internacional apoya en Paraguay a organizaciones locales que promueven la aprobación de leyes recomendadas por las Naciones Unidas y el pasado agosto lanzó una campaña contra la discriminación en el país suramericano.
La campaña se compone de breves vídeos en los que aparecen los testimonios de indígenas, personas con alguna discapacidad o trabajadoras sexuales, con sobrepeso, hablantes de guaraní, homosexuales y otra gente a quienes la discriminación social les negó el acceso a la salud, el transporte público, el ocio o los puestos de empleo.
Paraguay no posee ninguna ley que regule las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y Amnistía Internacional recuerda que es el único Estado de la región que no cuenta con una iniciativa legal contra toda forma de discriminación.
La Coalición LGTBI de Paraguay ha solicitado además el esclarecimiento de al menos 54 “crímenes de odio” contra personas trans en Paraguay desde la caída de la dictadura (1989), una situación que la organización Panambi de transexuales y travestis de Paraguay denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).