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La comitiva que acompañó a los lugareños está integrada por los diputados José Domingo Adorno y José “Pakova” Ledesma; el obispo del Chaco, Monseñor Gabriel Escobar; el intendente de Fuerte Olimpo, Sergio Cuellar; concejales departamentales y municipales.
Según la denuncia, en la víspera varios pobladores fueron víctimas de un violento desalojo, según denunciaron, por parte de uniformados de la Agrupación Ecológica y Rural (Aper), comandada por el Sub. Crio. Freddy Ozorio, llegado de la capital del país.
Los pobladores dicen que no se contaba con orden judicial y el desalojo fue realizado de forma irregular por el propio apoderado de la empresa Abialor S.A., Julio Alcaraz. Esta firma mantiene un litigio con los pobladores de esta comunidad por la posesión de las tierras. La empresa es dueña de 27.000 hectáreas de tierras y en 2.014 el Gobierno Nacional otorgó una expropiación a favor de estos pobladores de 4.881 hectáreas, sin embargo hasta la fecha el Indert no procedió a realizar las delimitaciones, razón por la cual se suceden este tipo de conflictos.
Los afectados comentaron a los parlamentarios y visitantes la forma cruel en que fuera torturadas física y sicológicamente la presidenta de la comisión sin tierras, Carmen González, quien además es docente de un colegio de la comunidad. La misma fue supuestamente golpeada por el apoderado de la firma, ante el nulo accionar de los uniformados que nada hicieron por ayudarla.
Durante el conflicto, un total de 5 personas fueron atendidas en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo y según la médica de guardia, Dra. Zady Alegre, las víctimas sufrieron contusiones, heridas por balines de goma y traumatismo de cráneo en el caso de la docente.
Al ser desalojados de la propiedad, inmediatamente el personal policial que llegó de la capital del país, puso un candado al portón de acceso a la propiedad, sin embargo sin embargo en la tarde de hoy el grupo de personas y la comitiva procedieron a romper la tranca e ingresaron nuevamente en el sitio denominado “Riachuelo”, distante a 2 kilómetros de la comunidad de Guaraní, para luego expulsar a los supuestos policías invasores, y poner en posesión nuevamente a uno de sus ocupantes, el señor Abraham Ocampos (61) quien dijo que vive en el sitio desde hace 25 años.
El propio Obispo del Chaco dijo que lastimosamente esta es “la forma que se debe luchar a favor de estos humildes compatriotas para quienes la justicia no existe” y criticó duramente el accionar de los policías y jueces “que se venden ante las grandes multinacionales”.
Al no existir una orden judicial de desalojo, es que se procedió nuevamente en la propiedad. Por de pronto los uniformados que llegaron de la Capital del país recibieron, supuestamente la orden del comandante de policía, de volver nuevamente al la ciudad de Asunción. Varios quedaron a acompañar al señor en su propiedad ante el temor de un nuevo desalojo.
Por su parte el diputado Ledesma dijo que presentará una denuncia en la Cámara de Diputados ante el apoderado de esta empresa, debido a su cobarde accionar por la tortura supuesta contra la dirigente sin tierra y además solicitarán la presencia del ministro del Interior, Francisco De Vargas y del Comandante de Policía para que informen de lo acontecido en esta comunidad, distante a 800 kilómetros de la Asunción y perteneciente al distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay.