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La reglamentación fue propuesta por la Secretaría de la Función Pública y se establece que para ocupar cargos en la función pública todos los interesados deberán someterse a un concurso público de oposición. Eso rige para las entidades autárquicas y las dependientes del Ejecutivo.
El extenso decreto, de 23 páginas, sienta las reglas para poder hacer estos llamados públicos para los cargos. Una de las novedades es que ahora se podrá reclamar en caso de creer que existe alguna injusticia y favoritismo hacia alguno de los candidatos. Se contará con 18 días luego de la publicación para que la persona interesada pueda hacer este reclamo.
Además, se fijan los estándares que se deben tener a la hora de seleccionar personal. Entre los que se pueden citar figura, por ejemplo, la necesidad de mantener en reserva las identidades de los concursantes y buscar la mayor igualdad por género y por capacidad.
Puede leer el decreto completo haciendo clic aquí.