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Según el decreto 10.483, el Poder Ejecutivo objetó parcialmente el proyecto de ley que establece incentivos para la producción, desarrollo o ensamblaje de bienes de alta tecnología y lo devolvió al Senado para su estudio correspondiente.
El documento, refrendado por el primer mandatario Federico Franco, considera que la ley 4427/2012 exige que los equipos que resulten del proceso de producción y ensamblaje incorporen un mínimo de 20% de valor agregado nacional. Esto no sería factible, en el caso de los procesos de armado de aparatos de refrigeración y cocinas a inducción.
Aparte de que no es factible, el Ejecutivo indica que el impacto sobre el empleo y la inversión serían insignificantes, en relación a otros sectores, y que estos podrían ser fomentados con una política industrial, beneficiando a la sociedad y a los agentes productivos.
Indica además que la sostenibilidad en el proceso de armado de piezas sería dudosa, considerando que el mercado interno es estrecho en términos de demanda potencial.
Manifiesta el decreto que tampoco podría crecer mediante la exportación, ya que los beneficios del arancel preferencial de 0%, otorgado por los países mediante tratados de libre comercio, solo será posible si los productos contienen, como mínimo, un valor agregado regional de 40%.
Considera el Ejecutivo que los equipos de refrigeración y las cocinas a inducción son electrodomésticos que deben ir producidos bajo un riguroso sistema de homologación de estándares internacionales. El incumplimiento de estos requisitos, según explayan, podría generar fallas y poner en riesgo la vida de sus usuarios.
“Estos estándares de seguridad solo pueden surgir de procesos continuos de inversión en investigación y desarrollo, lo cual no sería factible en procesos de armado de equipos de refrigeración y cocinas a inducción”, expresa.
Exponen además que la política de racionalización de energía no será posible con esta ley, por el ensamblaje de equipos electrodomésticos de marcas genéricas.
Finalmente, el Ejecutivo decreta que la ley sea devuelta al Congreso.
La ley original ya había sido vetada por el Presidente Fernando Lugo, en setiembre de 2011, argumentando en su momento que la legislación puede conllevar un elevado sacrificio fiscal.
Consideraron “imperativo” en su momento el establecimiento de las bases para que el desarrollo de los sectores beneficiarios del régimen permita alcanzar los beneficios económicos que se pretenden con la aplicación de esta medida.
El proyecto fue devuelto al Congreso y ratificado por ambas cámaras, con una serie de modificaciones. En noviembre de 2012, Diputados sancionó el proyecto y lo remitió al Ejecutivo.