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El juez penal de garantías de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, Carlos Martínez, a pesar de la disposición judicial existente y del riesgo que corre su vida, no tenía guardia policial en su domicilio. En el local del Juzgado, un solo uniformado resguardaba su seguridad. Luego de que ABC Color se hiciera eco el martes de esta situación, finalmente la Policía decidió acatar la disposición y proveer al magistrado de custodia.
Esta información fue confirmada por el propio magistrado. Martínez señaló que ya cuenta con al menos tres agentes policiales asignados a su seguridad. El propio jefe de Orden y Seguridad del departamento de Canindeyú, comisario Héctor Amarilla, llegó hasta la vivienda del magistrado para interiorizarse de la situación.
El magistrado maneja el expediente del asesinato del corresponsal de ABC Color Pablo Medina Velázquez (53) y el de su acompañante Antonia Almada (19). El exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta Marques (ANR) está sindicado como autor intelectual del ataque criminal, mientras que su hermano Wilson Acosta Marques y su sobrino Flavio Acosta Riveros fueron los perpetradores, según la investigación y testigos.
Martínez firmó varias órdenes de allanamiento en propiedades del “clan Acosta”, en el marco de la búsqueda de los responsables del doble asesinato. También prohibió que se disponga de los bienes de “Neneco” Acosta Marques, presunto protegido de la diputada canindeyuense Cristina Villalba (ANR) y de su hermano Carlos “Cabrito” Villalba (ANR), este último, intendente de La Paloma del Espíritu Santo.
El magistrado además maneja las causas de los sospechosos Cecilio Ramoa (35), Fermín Ponciano Ramoa (33) y Eliodoro Ramón Ibáñez Zaracho (37), quienes están imputados bajo los cargos de haber participado del asesinato del periodista Pablo Medina y Antonia Almada.
En noviembre de 2014, el juez Carlos Martínez rechazó la libertad de los citados tres imputados, a pesar de la presión que recibía. También denegó el sobreseimiento definitivo de Pablo Jara, funcionario colorado del MOPC, procesado por narcotráfico y que ahora pretende lanzarse como candidato a intendente en Curuguaty para el próximo periodo, con el padrinazgo del gobernador de Canindeyú Alfonso Noria y la diputada Cristina Villalba.