“Nadie se hace responsable del rapiñaje a ex Hotel Casino”

Jorge Alvarenga, miembro del Consejo de IPS por el sector obrero, expresó que es necesaria la concesión del ex Hotel Casino de San Bernardino, que está abandonado desde el '94. Señaló que nadie se hace responsable del robo.

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“Desde el '94 está parado el Hotel Casino y es necesario que una empresa grande planee invertir, porque hablamos de 21 millones de dólares, porque en las condiciones en que está rapiñado, se robó todo lo que hay. Es lo más conveniente, por lo menos lo que tenemos a mano, puede aparecer otro inversionista, pero tenemos lo que ofreció la empresa de 8.000 dólares de canon”, señaló Jorge Alvarenga a Radio Cardinal.

El representante del sector obrero desmintió lo dicho por Hugo Cataldo de que la concesión se daría por 43 años. Señaló que se pretende entregar la concesión por 33 años en total, 30 años más tres de gracia, con la posibilidad de ampliar a más.

“No es 43 años ya, son 33 años, 30 años más tres de gracia, y deberá comprobarse si la empresa cumplió con la inversión de 21 millones de dólares para ampliar a 43 años el plazo”, sostuvo.

Alvarenga defendió la gestión de Fernando Silva Facetti al señalar que el mismo tiene la intención de recuperar todas las propiedades de IPS para devolverles el valor que les corresponde y evitar que vayan deteriorándose.

“Está saqueado el hotel y quedó así, nadie se hace responsable del robo en IPS”, lamentó Alvarenga.

Sobre el complejo de Mariano Roque Alonso, Alvarenga expresó que está en manos de la Cámara de Senadores, ya que en Diputados se logró media sanción al proyecto que permitirá al ente disponer de dicho lugar.

“El complejo de Roque Alonso depende de la Cámara de Senadores, y si nos dan la libertad, analizaríamos lo que más le conviene al IPS. Tenemos que construir los 3.500 departamentos, que era la idea de ese complejo”, sostuvo.

Alvarenga señaló que existe un total caos en el IPS, enumerando varias irregularidades halladas cuando ingresó al Consejo.

En primer lugar, expresó que solicitó la intervención del pago de reposo médico de los obreros, que tardaba entre cinco y seis meses en efectivizarse. También se hallaron irregularidades en la entrega de medicamentos.

“Por ejemplo, cualquiera puede ir a retirar el medicamento en Acahay y nadie controla si es asegurado o no”, comentó.

Señaló que la situación de las sedes regionales es calamitosa, aunque anunció que los locales de Ciudad del Este, Encarnación y Ayolas recibirán algunas mejoras.

“La Contraloría encontró cosas más graves que daríamos a conocer más adelante; hay desangramiento”, indicó.

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