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Para el Gobierno no había demasiadas dudas: ya en las primeras declaraciones de voceros oficiales señalaban al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la banda criminal que aterroriza la zona norte del país desde hace casi 20 años, como responsable de los atentados que entre el domingo y el viernes le costaron la vida a cinco efectivos policiales en los departamentos de San Pedro y Amambay.
Fue la misma Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) -un cuerpo conformado por militares, policías y antidrogas creado para combatir en la zona de influencia del EPP- la primera en señalar al grupo criminal como el responsable de los atentados del domingo en Pacola y del viernes en Yaguareté Forest. “Presumiblemente fue el EPP”, señalaba el mayor Alfredo Jonás Ramírez, vocero de la FTC.
"Es muy radical la forma en que esta gente está actuando y perjudicando. Demuestra que son meros criminales, y ojalá que nosotros tengamos la oportunidad de dar con ellos", enfatizaría luego, aunque trataba de mantener siempre el tono de duda sobre la autoría del grupo criminal.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, en cambio fue mucho más tajante al señalar a los componentes del grupo criminal como los autores de los asesinatos de los cinco policías y la quema de dos patrulleras. “El EPP le declaró la guerra a la Policía”, afirmaba el secretario de Estado en una conferencia de prensa brindada junto al comandante de la Policía horas luego del crimen de Yaguareté Forest.
Es más, los voceros gubernamentales intentaron en todo momento hacer creer que lo que había ocurrido en el norte del país había sido como consecuencia de la fuerte presión que ejercen los organismos de seguridad sobre el grupo criminal que, timorato por esto, reacciona realizando ataques. Un discurso que vienen repitiendo desde hace varios meses luego de cada ataque vinculado al EPP.
Para darle aún mayor fuerza a esa hipótesis, llegaron a asegurar que el ataque a los tres agentes policiales de la comisaría de Yaguareté Forest había sido una reacción a la detención de un supuesto apoyo logístico del grupo criminal que había colaborado con los autores del ataque registrado el domingo pasado en Amambay, a escaso 29 kilómetros del lugar donde ocurrió el segundo atentado.
Sin embargo, parecieron olvidar que el detenido no representaba una pieza importante dentro del esquema del grupo criminal sino que era un miembro de menor importancia, de acuerdo a datos obtenidos por ABC Color de altas fuentes de las fuerzas del orden. También parecieron olvidar que en de un tiempo a esta parte, se han registrado varios golpes importantes a grandes esquemas del narcotráfico. Un olvido que finalmente desapareció el sábado.
Otro detalle que se les escapó a los representantes gubernamentales es que en ninguno de los ataques se encontró comunicado alguno a través del cual el grupo criminal reivindicara la autoría de los mismos, tal como habitúan. En un comunicado de prensa dado a conocer por la Dirección General de Información Presidencial en horas de la tarde del sábado se habló por primera vez de la vinculación del narcotráfico con estos crímenes, aunque insiste en señalar a que todo se debe a la fuerte presión ejercida por el gobierno. Por primera vez, sindicaron al narcoterrorismo.
“La información de inteligencia relevada apunta claramente al NARCOTERRORISMO, que reacciona al desarrollo y la presencia que está marcando el Estado en la zona norte. Los caminos, cuarteles, soluciones habitacionales y opciones renovadas de trabajo digno y legal atentan contra los sistemas de vida que estas organizaciones habían desarrollado por décadas” (sic), señala parte del comunicado.
“La violencia y crueldad de los últimos ataques son reacciones directas a la incautación de 23 avionetas operativas. Este fue un golpe fulminante a su logística de operaciones, ya que el promedio histórico de incautación de aeronaves es de apenas 5 por año, y en su mayoría por accidentes aéreos”, agrega. Así, en menos de 24 horas, el gobierno de Horacio Cartes cambiaba su versión de lo que ocurrió en la zona norte de país.
Estas versiones habían comenzado a surgir ya en horas de la noche del viernes. Varias fuentes consultadas por ABC Color insistíann en señalar que fue el hampa el que ordenó los ataques en los que fueron asesinados cinco efectivos policiales entre el domingo y este viernes en Pacola (Amambay) y Yaguareté Forest (San Pedro).
El Gobierno mantuvo el silencio al respecto.
De acuerdo a estas versiones, los narcotraficantes habrían “contratado” a los miembros del grupo criminal EPP para efectuar los crímenes. Es por ello que en ninguno de los dos ataques se encontraron los habituales comunicados del grupo criminal por el cual reivindicaban los golpes.
No es la primera vez que se habla de los vínculos del EPP con el narcotráfico. Datos manejados por las mismas fuerzas del orden dan cuenta de que el grupo se encargaría del cuidado de los cultivos de marihuana en la zona norte del país. Estos vínculos se hicieron aún más evidentes cuando en octubre del año pasado, luego del asesinato del periodista de ABC Color Pablo Medina y la joven Antonia Almada, los criminales decidieron dar una prueba de vida de los secuestrado Arlan Fick y Edelio Morínigo tras meses de silencio y en el preciso momento en el que se comenzaban a revelar las redes en las que política y mafia se mezclaban.