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Líder Amarilla, intendente de Villa Elisa, confirmó que su municipio acordó junto a otros, entre ellos Asunción, impulsar una acción de inconstitucionalidad contra el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT).
Indicó que la normativa tiene serias deficiencias que la vuelven inaplicable. Igualmente, ratificó que la misma atenta contra la autonomía municipal.
El jefe comunal responsabilizó a los legisladores de la inminente suspensión de la aplicación de esta ley, al menos en algunos municipios.
“Acá hubo demasiada celeridad para aprobar ciertas leyes. Nos estamos convirtiendo en un país kachiãi (vulgar, poco serio)”, lamentó, al señalar que el Congreso aprueba textos que luego debe dejar sin efectos por errores o ambigüedades.
Recordó que ya muchos automovilistas y motociclistas, al informarse de la vigencia del SOAT, acudieron a abonar y cumplir con la ley.
“La gente que quiere pagar sus impuestos, ya pagó ITV, SOAT y ahora piensa que son výros (tontos), piensa que se les jodió”, cuestionó. Criticó que siempre las personas que se esfuerzan en cumplir con la legislación sean quienes luego quedan como ingenuos.
“El día de mañana ya nadie va a cumplir la ley porque van a esperar a que se derogue nomás”, manifestó, en contacto con la 780 AM.
Pidió que los legisladores tomen más conciencia sobre las leyes que aprueban y tomen en cuenta a todos los afectados.
Lamentó que en ninguna oportunidad se haya convocado a los intendentes a debatir sobre el SOAT antes de aprobarlo. “Ojalá que las próximas leyes que se aprueben sean mejor estudiadas y analizadas”, reclamó.
Amarilla adelantó que los intendentes no se limitarán a accionar judicialmente contra el seguro obligatorio, sino que además plantearán modificaciones para hacerlo aplicable.
“Tenemos una semana para presentar nuestras propuestas. Se van a proponer al Parlamento algunas modificaciones”, adelantó.
El SOAT inicialmente entró en vigencia el 1 de enero de este año. Posteriormente, ante la confusión, se decidió postergarlo hasta el 1 de marzo. Luego se anunció que -aunque la normativa esté en vigencia- su cumplimiento será exigido recién desde el 3 de marzo.