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El proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado, será estudiado mañana como primer punto del Orden del Día en la Cámara Baja. Si no se llega a un acuerdo, tendrá sanción ficta.
La comisión de Legislación y Codificación introdujo cambios al proyecto original, para posteriormente recomendar su aprobación. Entre estos puntos figura la obligatoriedad para los prestadores de internet de “destruir” los datos almacenados luego de un año de haberlos guardado.
Además, se establece que los datos solo puedan ser verificados dentro de un proceso judicial abierto, con una “debida justificación”.
"La conservación de datos de tráfico será regulada por tiempo limitado (12 meses), por parte de los proveedores del servicio de internet. Vencido este plazo, los datos deberán ser destruidos y la conservación ilícita de los mismos estará sujeta a sanciones", señala parte del dictamen emitido, indica la página web de la Cámara de Diputados.
No se especifican qué sanciones podrán recibir las prestadoras de internet si es que infringen estos requisitos, lo que hace más cuestionable aún la aprobación de este cuestionado proyecto, bautizado como “pyrawebs”, en referencia a los “pyragués” o delatores políticos de la era stronista (1954-1989).
“Con las modificaciones que proponemos, creemos que se deben determinar los datos que serán resguardados dentro de las proveedoras. Considero que el contenido de las comunicaciones, la intromisión dentro de la vida privada de las personas, como saber en dónde se encuentra a través del servicio de GPS de los teléfonos, o los lugares donde estuvo recorriendo; todo eso forma parte de la vida privada de una persona y para ser revelado, debe haber una autorización judicial previa”, enfatizó el diputado Villalba, según declaraciones al portal de Diputados.
Los datos de tráfico que serán registrados se refieren a la dirección de IP, origen y destino de la misma, hora y fecha de conexión y desconexión, conocidos como “metadatos”.
La venta de información privada es uno de los problemas más grandes de nuestro país. Ningún estamento ha establecido castigos para los comercios privados que lucran con los datos de las personas tales como nombre, dirección, teléfonos, estado de cuentas, etc., lo que hace altamente probable que el proyecto que se estudia – de convertirse en ley – tampoco pueda ser “controlado”.