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Julio Garay, funcionario del Centro, comentó que en 2014 se decretó una bonificación por “trabajo riesgoso”, pues deben trabajar incluso con convictos llevados desde las cárceles para su tratamiento; sin embargo, el Gobierno ha decidido utilizar estos fondos para pagar otras gratificaciones, según reportes de Javier Sánchez, periodista de ABC Cardinal.
Además, en 2017, la institución sufrió un recorte presupuestario de casi G. 3.000 millones, lo que complica aún más la labor de los 150 funcionarios con que cuenta el Centro. “Es un Centro muy especial; ir a un paro o cierre por el tipo de pacientes que tenemos es complicado, pero ya agotamos todas las instancias y pensamos que eso lo último que haríamos”, advirtió el funcionario.