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La fiscala Arminda Rivas de Monges ocupa el cargo de titular de la unidad penal Nº 4, de la región 2 de Alto Paraná. La agente del Ministerio Público ya se encontraba bajo investigación del Jurado de Magistrados.
En la víspera se estudió la acusación de imputación falsa que pesaba contra la fiscala Rivas de Monges; los miembros del Jurado de Magistrados tomaron en forma unánime la decisión de procesar a la agente fiscal.
Con posterioridad a la votación sobre su procesamiento, se estudió la propuesta de suspenderla. De ocho miembros del jurado, siete votaron por la suspensión. El ministro Raúl Torres Kimser fue el único que se expidió en contra de la medida preventiva.
El Jurado de Magistrados resolvió hacer lugar al procesamiento y suspensión preventiva ante una denuncia promovida por la abogada Teresa Flecha.
De acuerdo al jurado esta decisión fue tomada puesto que surgen elementos de sospechas de mal desempeño de funciones en el marco de la causa penal caratulada “Higinio Pasiano Benítez Arrúa y otros sobre producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”.
El jurado dejó constancia de que la fiscala Arminda Rivas de Monges habría incumplido disposiciones del Código Procesal Penal, de allí las razonables sospechas de mal desempeño de funciones.
El procesamiento y suspensión se basó en que la agente fiscal imputó por hechos punibles ya prescriptos, imputo a menores de edad e ignoro cuestiones prejudiciales en la imputación de supuesta falsificación de documentos públicos.
Enrique Sarubbi presentó denuncia de falsificación de documentos públicos contra Higinio Benítez, Aurelia Nicolaus de Benítez y sus hijos Claudia y Fernando. El supuesto delito ocurrió en 1992, momento en que Claudia tenía 11 años y Fernando 9 años.
La imputación se planteó 23 años después de que el supuesto delito haya tenido lugar, si es que realmente se llegó a cometer.
Peritajes realizados por el Ministerio Público demostraron que ninguno de los supuestos tuvo lugar y que en realidad la imputación presentada por la fiscala Arminda Rivas de Monges, contra la familia Benítez Nicolaus, es falsa.
En el mismo caso se encuentran procesados por el Jurado de Magistrados el juez Manuel Saifildin Stanley, quién dio sentencia favorable en la demanda contra un muerto, y la jueza Máxima Meza de Maldonado, magistrada que entregó una propiedad privada legítima a Enrique Sarubbi.
Enrique Sarubbi es responsable de iniciar una acción judicial contra Francisco Feliciano Duarte, quién murió en junio de 2000 y en el año 2013 “perdió” el juicio. Esta demanda permitió a Sarubbi acceder a un título de propiedad judicial.
El fraude convirtió a Sarubbi en “propietario” de un inmueble de 20 hectáreas ubicado en Minga Guazú cuyo propietario legítimo es la firma HB Inmobiliaria SA.