Prisión para exjefe policial

El juez Rolando Duarte decretó la prisión del exdirector de Policía de San Pedro, Cristino Aranda, y otros dos oficiales sospechosos de planificar y ejecutar una operación para extorsionar a una red de traficantes. Ya están encarcelados 10 policías.

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El exdirector de Policía de San Pedro, comisario general inspector Cristino Ramón Aranda Ayala, al igual que el jefe de la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, comisario principal Darío Figueredo Montiel, y del exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de San Pedro, el oficial primero Aldo Miguel Rodríguez Ruiz, fueron imputados por extorsión agravada, asociación criminal y omisión de dar aviso de un hecho punible, que prevé la ley antidrogas.

Se presentaron ayer en la Fiscalía Antidrogas tras decretarse orden de captura en contra de ellos. La audiencia de imposición de medidas fue esta mañana y el juez penal de garantías, Rolando Duarte, decretó que guarden prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

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De acuerdo a las investigaciones, Cristino Aranda aparentemente planificó y ejecutó una operación para extorsionar a miembros de una banda de narcos que operaban en una pista clandestina ubicada en la localidad de Hugua Guasu, del distrito de General Aquino, perteneciente a Ramón Giménez Velázquez, primo del gobernador de San Pedro Carlos Giménez (ANR). El procedimiento se desarrolló al amanecer del viernes 17 de mayo último.

Sin embargo, los seis agentes que llevaron a cabo el “trabajo” terminaron detenidos al ser sorprendidos por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), justo en el momento en que negociaban la liberación de una avioneta boliviana cargada con 302 kilos de cocaína y de seis narcos, incluyendo al piloto.

Aranda supuestamente ideó el golpe en la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, y por ello la imputación al jefe de esa unidad, el comisario Darío Figueredo, mientras que el oficial Aldo Rodríguez, del GEO, facilitó cuatro fusiles y municiones al grupo, por ello se deduce que estos últimos estaban al tanto del plan extorsivo.

Según los agentes antidrogas, Aranda conocía desde mucho antes las operaciones ilegales que se llevaban a cabo en la hacienda donde funcionaba la pista de aterrizaje clandestina, por lo que habría exigido dinero al propietario, quien aparentemente se negó, por ello el jefe policial reunió a los hombres de su confianza para dar el gran golpe, ya que supuestamente tenían planeado exigir US$ 100.000 para liberar la valiosa carga, dijeron.

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