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El hombre, investigado como uno de los supuestos responsables de una multimillonaria evasión impositiva ejecutada presuntamente por más de 280 empresas, fue detenido este lunes, en frente a su oficina, en el microcentro local. La reclusión será en sede de Delitos Económicos de la Policía, en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental. El procesado había ofrecido una fianza personal de un millón de dólares a cambio de medidas alternativas.
El juez Raúl Insaurralde explicó que el procesado deberá permanecer recluido en sede de Delitos Económicos hasta tanto se levante la resolución del Ministerio de Justicia por el cual se clausura temporalmente la Penitenciaría Regional para el ingreso de nuevos presos.
El magistrado tomó la decisión de decretar prisión preventiva debido a la expectativa de pena alta, de hasta diez años de cárcel, existente respecto a la producción de documentos no auténticos, “con el agravante de que él es profesional, es contador y sabía lo que hacía con los documentos que tenía a mano y sabía con qué efecto”, puntualizó el juez.
Igualmente, Insaurralde indicó que “también hay un peligro de obstrucción, que él pueda interferir en la investigación, como que son tantas las empresas investigadas y teniendo en cuenta que él estaba trabajando en su oficina contable cuando la Policía rodeó el edificio y, estando los agentes en la vía pública esperando la orden de allanamiento, él salió y se entregó”.
El juez Raúl Insaurralde intervino en la causa interinando a la magistrada Dólica Giménez de Liuzzi. También como interina de la titular del caso, la jueza Nilda Estela Cáceres había dispuesto la captura y había declarado en rebeldía al contador.
En la audiencia para ser oído, desarrollada este martes a la mañana, Ignacio Urbieta estuvo acompañado por sus abogados César Nider Centurión y Ciriaco Urbieta. Solicitaron ellos medidas alternativas a la prisión afirmando que el contador tiene suficiente arraigo en la zona y ofreciendo una fianza real de un millón de dólares.
Los fiscales Luis Piñánez y Martín Cabrera son los que investigan este caso, en el cual Urbieta está imputado por producción de documentos no auténticos y asociación criminal, junto con el contador Alfredo Brítez González, la auditora externa Lilian Andresa Esquivel y Víctor Manuel Mármol, este último funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
El abogado de Ignacio Urbieta, Ciriaco Urbieta, dijo que él puso a su cliente a disposición de los fiscales ni bien se conociera del caso, pero que éstos no le llamaron a declarar ni le notificaron de la imputación, sino que directamente ordenaron su detención y el contador fue declarado en rebeldía. Por esta razón, afirmó el profesional del foro, ni los defensores ni el procesado tuvieron hasta ahora acceso al expediente, ignorando su contenido.
Ciriaco Urbieta también cuestionó que no hayan más contadores procesados en el caso. “Se mencionaron 285 empresas, de las cuales solamente 41 son clientes del licenciado Ignacio Urbieta”, indicó el abogado, quien añadió: “Existen otros contadores también. Dónde están los contadores de las 285 empresas si él tenía 41”.
Finalmente, el profesional del foro cuestionó que la causa sea llevada por fiscales de Asunción y no de esta zona del país, donde se encuentra el Juzgado que atiende el caso y afirmó que su cliente conversará con la prensa oportunamente, pero no aún porque “es una persona que no entiende mucho de derecho procesal y ni siquiera sabe por qué está siendo procesado, porque sus abogados no están teniendo acceso a la carpeta fiscal”.