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La fiscala Sonia Sanguines en la imputación había solicitado prisión por considerar que se trata de un crimen, según el marco penal, por lo que adelantó que apelará a esta resolución judicial. Además, la resolución del juzgado impone ciertas restricciones por las cuales el imputado no puede abandonar el país; tampoco podrá acercarse a la víctima ni a sus familiares, deberá presentarse en forma mensual ante este juzgado, no podrá consumir bebidas alcohólicas ni portar armas, en tanto que la Policía de dicha comunidad deberá realizar controles aleatorios para comprobar el cumplimiento de estas disposiciones.
Para la fiscala, el concejal abusó sexualmente de una niña indígena de 13 años de la etnia de los ayoreos. El hecho se registró en diciembre de 2015. El padre de la menor negó que el hecho haya sucedido, dijo la representante del Ministerio Público, por lo que ordenó que se constituya en la comunidad donde vive la menor una comitiva de profesionales que integran los derechos étnicos de esta Fiscalía. Luego de inspeccionar y dialogar con la víctima, este grupo elevó un informe a la fiscala por el cual se evidencia que verdaderamente ocurrió el abuso sexual contra la menor, "por lo que procedí a imputar al acusado y solicitar su detención", relató la letrada.
Según la fiscala Sanguines, la niña tuvo que dejar su comunidad debido a la presión por la que está viviendo y porque el acusado es un influyente político, nada mernos que un concejal municipal. Una vez más quisimos conocer la versión del edil; sin embargo, este se negó a dicho requerimiento.