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De acuerdo a la organización Transparencia Internacional, al término de 2016 Paraguay se ubicó en el puesto 123 en un ranking compuesto por 170 países. Nuestro país comparte el puesto con México y Honduras, entre los países latinoamericanos, y también con Azerbaiján, Laos, entre los países asiáticos. Si bien, Paraguay subió 7 lugares en comparación con el 2015, se mantiene con bajas calificaciones y con una alta percepción en materia de corrupción.
Estos indicadores fueron abordados durante un taller con funcionarios públicos a cargo de una consultora privada y coordinada por la Secretaría Nacional Anticorrupción, en el que participaron funcionarios de los ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores, e Industria y Comercio, además del Banco Central del Paraguay, la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de la Información.
De acuerdo al politólogo Pablo Biderbost, encargado de impartir el curso el IPC, se lo considera como un índice secundario, teniendo en cuenta que recoge el parecer de expertos en diversas áreas, “por lo tanto se toma de manera subjetiva y no los niveles reales de corrupción”, señala el boletín de la organización del Centro de Estudios Ambientales y Sociales.
Es por ello que el curso enfocó el tema de manera superficial, limitándose al plano de la percepción de la corrupción, dejando de lado en esta oportunidad a las estrategias prácticas de hacer frente a este flagelo en las instituciones públicas, y que causa severos perjuicios patrimoniales al Estado, sumado a la impunidad para quienes cometen irregularidades con recursos del pueblo.
A criterio de los promotores del curso, su objetivo es “dotar de herramientas necesarias para proponer e implementar políticas preventivas de la corrupción, de manera a reducir este flagelo y, por consiguiente, mejorar el índice”.
El gobierno se jacta de que los objetivos contra la corrupción se cumplieron en un 71% en materia preventiva. No obstante, los sectores empresariales consideran que es insuficiente, ya que el ideal apunta al 100% de efectividad.
Gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay trajeron a colación la narcopolítica y la falta de castigos ejemplares para quienes incurren en actos de corrupción.