Se inició el primer juicio contra hinchas violentos

Este lunes se puso en marcha el primer juicio oral y público a los barrabravas procesados por protagonizar disturbios en la vía pública. Dos de los acusados no se presentaron y se solicitó su declaración de rebeldía.

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Rodrigo Elías Benítez Bogarín, Cristian García Medina, Víctor Gustavo Rivas Gómez, Denis Darío Rotela Ruiz Díaz, Carlos Alberto Vázquez Giménez, Marcelo Luis Bataglia Tescari, Diego José Ortiz Penayo y Patricia Magalí González Mendoza son los hinchas de Olimpia acusados por perturbación de la paz pública que enfrentan juicio oral y público, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.

Los primeros dos de la lista, Benítez Bogarín y García Medina, no se presentaron, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó que sean declarados en rebeldía y se impartiera órdenes de captura en contra de ambos.

Llamativamente el abogado defensor de los dos hinchas ausentes es Julián Agustín Vega, concejal de Mariano Roque Alonso que también representa a uno de los sindicados como responsable de la muerte de hincha olimpista Elías Gabriel Rojas (18), tras el superclásico del 21 de febrero pasado.

La Policía incluso allanó su vivienda y confiscó su camioneta, una Mitsubishi Tritón de color rojo que coincide con la que se aprecia en las grabaciones de seguridad que registraron el momento del mortal ataque.

Estas personas fueron identificadas como responsables de una serie de disturbios en la vía pública registrados la noche del 19 de febrero de 2013, tras un encuentro de Copa Libertadores de América en el estadio Defensores del Chaco entre los equipos de Olimpia y la Universidad de Chile.

El fiscal del caso, Aldo Cantero, detalló que se trata del primer juicio oral y público contra hinchas de fútbol, además del primer juicio por el hecho punible de perturbación de paz pública.

Explicó que, según testimonios, tanto de testigos como de oficiales de policía, los ocho acusados incluso portaban armas de fuego y realizaron disparos al aire mientras caminaban por el microcentro de Asunción. Los mismos se exponen a una pena máxima de cinco años de pena privativa de libertad.

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